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Sobrevivientes guatemaltecos narran horror del genocidio

EFE. Desde Madrid. | 5 de Febrero de 2008 a las 00:00
Tienen todas sus esperanzas puestas en la justicia española porque la de Guatemala, rechazó sus peticiones. Esta semana, 17 personas -víctimas, familiares, testigos y peritos- comparecen ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, quien decidió echar un pulso a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala e investigar el genocidio durante el conflicto armado interno. Violencia, violaciones, torturas... los testimonios de lo acontecido en Guatemala son escalofriantes. El conflicto interno costó la vida a más de 250 mil personas entre 1961 y 1996, de las que más del 80 por ciento eran mayas. Actualmente nada se sabe del destino que corrieron 45 mil personas. Los peores años fueron los de la década de los 80. Lo sabe bien Juan Manuel Jerónimo. Hoy tiene 63 años y una memoria en la que se grabó a fuego la fecha del 18 de julio de 1982. Era catequista en la comunidad de Plan de Sánchez, situada en el departamento de Baja Verapaz, y el Ejército lo acusaba de reunir a la población para el “aprovechamiento de la guerrilla”. Aquel 18 de julio, Jerónimo pudo huir cuando los militares entraron en Plan de Sánchez, registrando vivienda tras vivienda. No se escondió lejos, tan sólo a unos 60 metros de la casa en la que los militares metieron a su familia. Y desde allí vio cómo disparaban contra sus allegados y cómo posteriormente, tras ser rociados con líquido inflamable, sus cadáveres quedaban carbonizados. Perdió a su mujer y a sus cuatro hijos: tres niños de siete, cinco y tres años y un bebé de seis meses. Las adolescentes de la comunidad fueron “violadas, torturadas y degolladas”, recordó para la prensa en Madrid. Aquel día murieron 184 personas en Plan de Sánchez. Jerónimo se ha desplazado hasta Madrid para contárselo el próximo viernes al juez Pedraz. “Nosotros exigimos Justicia”, dijo. El magistrado de la Audiencia Nacional está inmerso en un pulso a la Justicia guatemalteca, después de que la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano rechazase en diciembre la competencia de España para juzgar el genocidio de los años 80. La decisión supuso la anulación el proceso judicial contra cinco militares -el general retirado Ángel Aníbal Guevara, el coronel Germán Chupina y los generales Efraín Ríos Montt, Oscar Mejía y Benedicto Lucas- y dos civiles guatemaltecos -Pedro García y Donaldo Álvarez-. Los ex dictadores Ríos Montt y Mejía gobernaban Guatemala cuando se produjeron las peores matanzas, entre 1982 y 1985. Pese a lo decidido por la Justicia de Guatemala, Pedraz mantuvo vigentes las órdenes de captura de los siete con el objetivo de la extradición. El mes pasado, hizo un llamamiento mundial para lograr la colaboración de los ciudadanos de cualquier país del mundo que hayan sido testigos del genocidio en el país latinoamericano o puedan aportar información. Las declaraciones de este primer grupo de testigos en la Audiencia Nacional comenzaron el lunes y se prolongarán hasta el viernes. “Hemos salido todos llorando”, manifestó el abogado Manuel Ollé tras la comparecencia de los dos primeros testigos. El segundo grupo declarará del 3 al 7 de marzo y el tercero, del 5 al 9 de mayo, hasta completar un total de 38 personas. Pedraz imputa a los acusados delitos contra la humanidad, terrorismo de Estado, torturas y secuestros. El juez investiga por un lado la presunta participación de los siete acusados en el incendio de la Embajada de España en Guatemala, que el 31 de enero de 1980 costó la vida a 37 personas, y, por otro, investiga su presunta implicación en el genocidio de los años 80. Es por este caso por el que están declarando los testigos. La quema de la Embajada de España en Guatemala provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países durante cuatro años. Aquel 31 de enero, un grupo de campesinos organizados en el Comité de Unidad Campesina y acompañados por algunos estudiantes universitarios tomaron la sede diplomática para denunciar las matanzas ejecutadas por los militares en comunidades rurales del departamento de Quiché. El gobierno militar de la época, encabezado por el general Romeo Lucas, derrocado en 1982 y fallecido hace dos años en Venezuela, no accedió a la negociación y resolvió tomar por la fuerza el edificio, lo que dio lugar a un tiroteo y al incendio del inmueble. Entre los 37 muertos en la legación se encontraban tres diplomáticos españoles. También murió allí Vicente Menchú, el padre de la Premio Nóbel de la Paz Rigoberta Menchú. De hecho, fue la denuncia de la líder indígena, en 1999, la que llevó a Pedraz a abrir las diligencias. Actualmente son muchos los guatemaltecos que tienen puestos los ojos en este magistrado de 43 años. “La impunidad y el desalentador panorama de la Justicia de Guatemala” han hecho que los supervivientes y los familiares de los muertos decidieran “asistir al llamado” de Pedraz, manifestó hoy Francisco Soto, representante de la organización de defensa de los derechos humanos Organización Center for Justice & Accountability (CJA), que acompaña a las víctimas en el trance de recordar ante la Justicia española.

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