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Nutrida marcha en apoyo a perseguidos políticos en El Salvador

San Salvador. Agencia ACAN–EFE. | 13 de Febrero de 2008 a las 00:00
Más de un millar de salvadoreños, que realizaron una marcha de tres días, llegaron el miércoles a San Salvador para pedir la libertad definitiva de 14 personas que son procesadas judicialmente luego ser detenidas en una protesta el año pasado. Bernardo Belloso, uno de los organizadores, dijo a Acan-Efe que la "peregrinación" salió el lunes pasado del municipio de Suchitoto, 44 kilómetros al norte de San Salvador para "exigir la libertad penal de los 14 compañeros". Los procesados fueron detenidos el 2 de julio de 2007 en el marco de una protesta de comunidades campesinas que se oponían a la descentralización de servicios públicos que el presidente del país, Elías Antonio Saca, anunció ese día en Suchitoto. Según las comunidades, con el mencionado plan el Gobierno pretenden iniciar un proceso de privatización del agua y otros servicios públicos, situación que niega el Ejecutivo. Los señalados, entre los que se encuentra la periodista Haydeé Chicas, gozan actualmente de medidas cautelares luego de haber sido liberados semanas después de ser capturados bajo cargos de terrorismo. Por su parte, un portavoz judicial indicó que la jueza especial, que ventila casos relacionados al crimen organizado y terrorismo, Ana Lucila de Paz, se declaró hoy "incompetente" para continuar el proceso, ya que la Fiscalía cambió el delito de terrorismo por desórdenes públicos. Explicó que el caso será retomado próximamente por un juzgado de paz de la ciudad de Cojutepeque. Los manifestantes, a los que se unieron estudiantes universitarios y miembros de diferentes organizaciones sociales, llegaron este mediodía, tiempo local, hasta las cercanías de la sede del tribunal especializado. Belloso expresó que la jueza debió haberse declarado incompetente desde el inicio del proceso ya que las 14 personas "no fueron detenidos haciendo desórdenes públicos" sino "defendiendo el derecho a la vida y que no se privaticen los recursos naturales". La abogada defensora Karla Albanés dijo que continuar con la acusación por desórdenes públicos es "criminalizar el derecho constitucional a protestar". Los manifestantes pernoctaron el lunes en el poblado de San Pedro Perulapía, unos 21 kilómetros al noreste de San Salvador, y el martes en Soyapango, municipio ubicado en la periferia este de la capital. Con pancartas donde se leía frases en contra de la ley antiterrorista y gritando consignas a favor de los procesados, los manifestantes concluyeron la movilización a una calle del juzgado especial, ubicado en la colonia Escalón, una exclusiva zona del oeste de San Salvador.

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