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Condenados a muerte en Guatemala comienzan larga «capilla ardiente»

Ciudad Guatemala. Agencia ACAN–EFE. | 13 de Febrero de 2008 a las 00:00
Los 41 reos actualmente condenados a muerte en Guatemala han iniciado una larga "capilla ardiente", tras la reactivación de la sanción, que el presidente Álvaro Colom dijo respetará, en cumplimiento de la decisión de la Justicia. El gobernante declaró a la prensa que no pasará sobre el sistema legal del país y que "se aplicará la ley" para preservar el Estado de Derecho. Rechazó así, de forma tácita, la facultad de condonar la pena de muerte, restituida el martes pasado por la Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte, promovida por el opositor derechista Partido Patriota (PP). Según el PP, la medida, que reactiva la aplicación de la pena de muerte, recupera una "herramienta disuasoria" para reducir los altos niveles de violencia que, según datos oficiales, a diario se cobra la vida de 16 personas en Guatemala. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señalaron que la mayoría de los 41 condenados a muerte han agotado ya los recursos legales para evitar su ejecución, por lo que "lo último que les queda es pedir la gracia presidencial". La pena de muerte, recogida repetidamente en las diferentes modificaciones del código penal guatemalteco, se suspendió en mayo de 2000, cuando el entonces presidente Alfonso Portillo presentó en la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de este país, un recurso de inconstitucionalidad. Según Portillo, la Constitución vigente, aprobada en 1985, no contempla conceder indultos a los condenados a muerte, con lo que la ley que lo estipulaba, que data de 1892, quedaba sin efecto por ser más antigua. La Corte ordenó entonces al Congreso legislar para salvar el vacío legal y se suspendió de hecho la aplicación de la pena de muerte, hasta que se resolviera el asunto. Tanto Portillo como su sucesor, Óscar Berger, presidente entre 2004 y 2008, intentaron, sin éxito, abolir definitivamente la pena capital de la legislación guatemalteca. El presidente Portillo atendió incluso una solicitud del Papa Juan Pablo II, durante su visita al país en 2002, para abolir la pena capital, que, sin embargo, no pasó el Congreso. La ley que restituye ahora el indulto presidencial da luz verde a la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, único país latinoamericano en que se aplica esta medida, junto con Cuba. El código penal guatemalteco contempla la pena de muerte solo con "carácter extraordinario" en casos de asesinato, ejecución extrajudicial, secuestro, si la víctima fallece; parricidio y violación sexual calificada, si la víctima es menor de diez años. Y no podrá aplicarse por delitos políticos, ni a mujeres, ni a hombres mayores de setenta años. La regulación del indulto presidencial cobrará vigencia diez días después de que sea publicada en el Diario de Centroamérica (la gaceta oficial), y a partir de entonces los reos que en la actualidad han sido condenados a la pena capital tendrán un plazo de 30 días para pedir el indulto presidencial. Colom tendrá un plazo similar para decidir sobre la solicitud. Si se concediera el indulto, al reo beneficiado se le conmutará la pena por el tiempo máximo de prisión establecido en la legislación penal guatemalteca, que es de 50 años. De rechazarse, la ejecución deberá realizarse durante los 30 días siguientes, por medio de una "inyección letal", método que en 1998 sustituyó al fusilamiento. Los últimos dos ejecutados condenados a pena de muerte en Guatemala fueron Luis Amilcar Cetín y Tomás Cerraté, el 29 de junio del 2000, por el secuestro y posterior asesinato de una empresaria. Amnistía Internacional (AI) pidió hoy a Colom que "no re-instaure la pena de muerte" y que, en cambio, "busque soluciones más eficaces y duraderas para la crisis de seguridad pública que afecta" a Guatemala. "La pena de muerte es la pena cruel, inhumana y degradante por excelencia. Es arbitraria, su ineficacia para reducir la delincuencia está demostrada y perpetúa un clima de violencia en el que nunca se puede alcanzar realmente la justicia", precisó AI en una carta enviada hoy al presidente.

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