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Indígenas de Costa Rica luchan contra represa depredadora

San José. Agencia AFP. | 21 febrero de 2008

Los grupos indígenas del sur de Costa Rica anunciaron el jueves que se oponen a la construcción de un proyecto hidroeléctrico valorado en 1.850 millones de dólares, debido a que creen que causará daños al medio ambiente y la cultura.

Representantes de los territorios indígenas del sur del país, donde viven unos 15.000 pobladores, afirmaron hoy en conferencia de prensa que "estamos en contra" del Proyecto Hidroeléctrico Diquís (PH Diquís) y exigieron al gobierno efectuar una consulta en esas zonas.

Jehry Rivera, miembro de la asociación cultural indígena de Térraba, afirmó que la construcción de la planta de energía traerá consigo graves consecuencias al medioambiente, además de que inundará 200 sitios arqueológicos y 800 hectáreas de territorios ancestrales.

"El ICE ha hecho una mal llamada consulta en los pueblos, pues solo nos ha informado de las cosas buenas y no de las consecuencias negativas. Ha sido casi como una propaganda en la que nos dicen que habrá empleos y turismo", dijo Rivera.

El PH Diquís, que se construirá en la cuenca del Río Térraba, es uno de los proyectos claves del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), monopolio estatal de telecomunicaciones y electricidad, pues tendría la capacidad de generar 630 megavatios de energía limpia.

A inicios de este año el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que declaró el proyecto hidroeléctrico de interés nacional, debido a que permitiría cubrir la demanda nacional de las próximas dos décadas y exportar una parte de la energía.

Durante este año está planificado que se realicen las perforaciones, estudios de suelos y otras actividades técnicas, para iniciar el proceso de construcción en enero de 2009, el cual tardaría unos cinco años.

Actualmente, el 80 por ciento de la electricidad que consume Costa Rica es producida por plantas hidroeléctricas, mientras el restante 20 por ciento se divide en plantas de combustible, eólicas y geotérmicas.

Según los representantes indígenas, la construcción de la planta Diquís abriría unos 5.000 empleos, pero esto dista mucho de lo que ellos desean, que es un plan de desarrollo de los pueblos indígenas más integral.

Además, afirman que el no haberles consultado atenta contra sus derechos humanos y tratados internacionales firmados por Costa Rica que están relacionados con la protección de las comunidades ancestrales.

Los representantes aborígenes afirmaron que acudirán a todas las instancias legales del país para evitar la construcción de la planta y de no conseguir resultados en su favor, demandarían al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Tenemos años de luchar por nuestro medioambiente y este proyecto será un monstruo más que se comerá a nuestra madre tierra y la diosa agua que nos da sustento a nosotros y nuestras futuras generaciones", expresó Cristino Lázaro, un anciano indígena.

En Costa Rica existen 24 territorios indígenas, que están dentro de ocho pueblos: Chorotega, Brunca, Teribe, Bribri, Maleku, Huetar, Guaymi y Cabecar.

Datos oficiales indican que en Costa Rica, país con 4,5 millones de habitantes, residen unos 63.000 indígenas que enfrentan como principales problemas a la pobreza, pérdida de tierras, cultura e identidad, y un acceso deficiente a la salud y educación.