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Asesinato de salvadoreños: más preguntas que respuestas

Ciudad Guatemala. Agencia Prensa Latina. | 22 de Febrero de 2008 a las 00:00
El asesinato hace un año de tres diputados del Parlamento Centroamericano conmocionó la región, provocó tensiones entre Guatemala y El Salvador, y motivó la caída de la cúpula de seguridad, pero el caso sigue sin esclarecerse. La mañana del 19 de febrero de 2007 los legisladores Eduardo D'Aubuisson, José Ramón González y William Pichinte, así como su chofer, Gerardo Ramírez, viajaron a este país junto a los demás parlamentarios para asistir a una reunión del foro regional. Debido a la peligrosidad del trayecto por los asiduos asaltos, venían en caravana y escoltados por dos patrullas de la policía guatemalteca, pero poco antes de entrar a la ciudad el auto que los transportaba se separó del grupo y ya no llegó al hotel. En horas de la noche la policía encontró en una finca de la aldea El Jocotillo, cercana a esta urbe, los cuerpos calcinados y con impactos de bala de los cuatro salvadoreños. El repudio internacional que este hecho causó, sobre todo por el ensañamiento contra las víctimas, tres de las cuales eran integrantes de un organismo regional, llevó a las autoridades a acelerar las operaciones para capturar a los responsables. Mediante un sistema satelital en los vehículos y cámaras instaladas en la ciudad, lograron identificar y capturar a cuatro policías, entre ellos al jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales, por su participación directa en la masacre. Si grande fue el escándalo por la vinculación de altos jefes de la policía en un acto de esa índole, más grave fue el que los cuatro agentes, encerrados en una cárcel de máxima seguridad, fueran ejecutados en la prisión esa misma semana. "Nos golpea", fue la frase expresada por el entonces ministro de Gobernación Carlos Vielman al dar a conocer la noticia y, efectivamente, pocos días después tanto el titular como el jefe de la policía y del sistema de prisiones tuvieron que renunciar. Un año más tarde hay más preguntas que respuestas sobre los móviles y los autores intelectuales de la múltiple matanza. Una de las primeras hipótesis, tal vez la más extendida, es que los policías, integrados a una banda de delincuentes, secuestraron el vehículo en busca de drogas o dinero proveniente de su venta. Las autoridades salvadoreñas, por su parte, han negado los presuntos nexos de los diputados con el narcotráfico y mantienen la teoría de que el asesinato fue producto de un error. En cuanto a los autores intelectuales, el Ministerio Público sindica al ex diputado y electo alcalde por el municipio de Jutiapa, Manuel de Jesús Castillo, quien huyó de la justicia. Como supuesto coordinador mencionan a Carlos Alberto Gutiérrez, alias Montaña 3, un subalterno de Castillo detenido recientemente. Sin embargo, Gutiérrez, propietario de una venta de autos usados y zapaterías, asegura ser inocente. Asimismo, están bajo arresto otros dos policías y cinco civiles integrantes de una banda de narcotraficantes de la localidad de Jalpatagua, acusados por encubrimiento, asociaciones ilícitas y conspiración. Las autoridades guatemaltecas han dado indicios también de la vinculación de ciudadanos salvadoreños en el crimen, pero aún no hay capturas, ni nombres de posibles sospechosos. Aunque el Fiscal guatemalteco de Delitos contra la Vida, Álvaro Matus, asegura que el caso está resuelto en un 90 por ciento, admite que aún faltan piezas en el rompecabezas. De hecho, en 12 meses no se han reunido evidencias suficientes como para llevar a juicio a los detenidos y lograr una condena ante un tribunal, lo cual demuestra las debilidades en el proceso de investigación.

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