Continúan divergencias en Costa Rica por ley de finanzas

San José. Agencia PL. | 6 de Diciembre de 2018 a las 16:23

Las divergencias entre el gobierno y sectores sindicales de Costa Rica crecen este jueves tras conocerse quiénes son los grandes evasores de impuestos en el país.

Hacienda reveló ayer miércoles que de los 462 grandes contribuyentes existentes en el país, al menos 131 han registrado pérdidas por uno o más períodos entre el 2008 y el 2017.

Los datos corresponden al 28 por ciento, casi una tercera parte de los que tienen que tributar, detalla el diario Extra.

Los diversos sindicatos ven con preocupación y reprochan la cantidad de empresas que reportan cero ganancias al Ministerio de Hacienda.

Se trata de 131 empresas, entre ella grandes productoras de bebidas, bancos privados, de telefonía, entre otras.

En ese sentido aseguran que ya es conocido quienes quiénes son los verdaderos culpables de tener al país en crisis fiscal y aseguran que mantiene su rechazo a la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada y puesta en vigor de forma maratónica.

Sin embargo, la ministra de Hacienda de Costa Rica, Rocío Aguilar, aseguró que la entrada en vigencia de la normativa permitirá contar con herramientas para el control de la evasión y elusión.

A esto se suma el fallo de la Sala Constitucional que obliga a suministrar la lista de grandes contribuyentes con ganancias en cero, añadió la titular.

Enfatizó que esos dos fenómenos podrán ser mejor controlados por parte de la administración tributaria.

La Ley fue aprobada el lunes en segundo debate por la Asamblea Legislativa, la noche de ese mismo día, el presidente del país, Carlos Alvarado, ese mismo día y el martes fue publicada en la Gaceta Oficial.

Sindicalistas advierten que la ley afectará a la población porque incluye reformas tributarias al impuesto general sobre las ventas, que ahora se convierte en el impuesto al valor agregado.

También introduce la renta global en el capítulo que modifica ese tributo y, además, crea dos tramos más de ese gravamen, para cobrar tarifas del 20 por ciento y el 25 por ciento a salarios superiores.

Asimismo, establece normas de responsabilidad fiscal, para limitar el endeudamiento y el gasto público del Gobierno, entre otros elementos.