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Familiares de víctimas de guerra en Guatemala denuncian abandono

Agencia AFP. Desde Guatemala. | 17 de Agosto de 2006 a las 00:00
Familiares de víctimas de la guerra en Guatemala denunciaron este jueves abandono por parte de autoridades gubernamentales, ya que no han recibido un resarcimiento económico establecido en los acuerdos de paz firmados en 1996. "No sólo nos tienen abandonados, sino que están manipulando nuestra buena voluntad de contribuir a acelerar el proceso de resarcimiento, pues ahora también nos excluyeron de la integración de una instancia de facilitación del mismo", dijo a los periodistas el dirigente campesino Manuel Iztep. Itzep, coordinador del Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, indicó que tras una manifestación realizada en julio pasado, el vicepresidente Eduardo Stein se comprometió a facilitar un acercamiento con el gobierno, sin embargo, ahora quedaron excluídos de la instancia de facilitación. "Vamos a desconocer las conclusiones a que se llegue en dicha instancia, si ésta queda instalada hoy (jueves), no tendría validez, pues no estamos representados en la misma. La vicepresidencia convocó a personas que no pertenecen a la comisión que estaba conformada", lamentó el dirigente. Según los disconformes, esta medida del gobierno sólo demuestra "falta de voluntad" de atender los compromisos establecidos en los acuerdos de paz respecto a resarcir a los familiares y víctimas sobrevivientes del conflicto armado de 36 años que vivió el país (1960-1996). El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado hace cuatro años para establecer los mecanismos necesarios para resarcir económicamente a las víctimas, fue intervenido por la administración del presidente Óscar Berger hace nueve meses y hasta el momento no ha dado ningún resultado. El PNR contempla el pago de una indemnización de 24.000 quetzales (3.157 dólares) para familiares de las víctimas mortales, y de 20.000 quetzales (2.631 dólares) a las víctimas sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra. El resarcimiento se prevé en casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura física y psicológica, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual y violación sexual, violaciones contra la niñez y masacres. "Así como fueron atendidos en forma inmediata los ex patrulleros de autodefensa civil, así también deben ser atendidas nuestras demandas, pues de lo contrario vamos a tomar medidas de hecho, porque lamentablemente es de la única forma que las autoridades se preocupan por los problemas", dijo Iztep. Luego de una serie de protestas callejeras los ex paramilitares de la autodefensa civil, que apoyaron al Ejército durante la guerra, recibieron el pago de compensaciones económicas, mientras que los familiares de víctimas de la guerra han venido amenazando con paralizar el país desde principios de año, exigiendo que también se cumpla con ellos. Autoridades del PNR anunciaron la semana pasada el resarcimiento a 219 familiares de víctimas del departamento de Chimaltenango (oeste), al tiempo que aseguraron que el número de víctimas del conflicto armado podría duplicarse, según ellos, hablando conservadoramente. Esto porque, según los registros actuales, conformados por 7.638 expedientes, la mayoría de dichos casos no están comprendidos en los informes de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), ni el de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que investigaron las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra.

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