Abogado de ex presidente Martinelli insiste en fianza

Ciudad Panamá. Agencias | 11 de Febrero de 2019 a las 15:32

La defensa de Ricardo Martinelli reiteró la oferta de una fianza de medio millón de dólares, a fin de lograr la excarcelación del expresidente, detenido provisionalmente desde el 11 de junio pasado en El Renacer, como parte del proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, y dos formas de peculado.

La propuesta fue rechazada hace una semana por el juez de garantías Justo Vargas, pero este lunes 11 de febrero fue nuevamente planteada en la audiencia que se celebra ante el Tribunal Superior de Apelaciones, conformado por los magistrados Ruth Aizpú, Diego Fernández y Yiles Pittí.

En la audiencia de este lunes, Martinelli tomó la palabra y dijo al Tribunal que el día antes "pedí la extrema unción y quiero que este proceso continúe si yo fallezco".

Martinelli insistió en que su comparecencia es " voluntaria", pese a que la Corte Suprema de Justicia tuvo que solicitar su extradición a Estados Unidos, gestión que concluyó el pasado 11 de junio, cuando alguaciles federales lo entregaron esposado a las autoridades panameñas.

También sostiene que en Estados Unidos –donde estuvo detenido casi un año– fue beneficiado con una fianza de excarcelación por $1 millón, pero obvió mencionar que este beneficio fue dejado sin efecto en menos de 24 horas por la misma juez federal que lo concedió – Marcia Cooke, de la Corte del Distrito Sur de la Florida–.

En Estados Unidos, Martinelli llevó el caso al Tribunal de Apelaciones, con sede en Atlanta, pero antes de que se llevara a cabo la audiencia, desistió del proceso. Para entonces, su extradición ya había sido avalada por dos jueces federales: la juez Cooke y el juez Edwin Torres.

Martinelli prometió a los magistrados que comparecería al proceso si es excarcelado, "porque quiero ser presidente en el año 2024 y así será".

Alfredo Vallarino, abogado de Martinelli, señala que ni un testigo ha clamado haber recibido amenazas y que ya la etapa intermedia del proceso concluyó.

Igualmente, insistió en la avanzada edad de su cliente –el 11 de marzo cumplirá 67 años– y en su estado de salud.

Al respecto, Vallarino citó un informe del cardiólogo Bey Mario Lombana, quien advirtió que el paciente corre peligro.

La fiscal Delia De Castro replicó que la última evaluación médica practicada a Martinelli se remonta al mes de diciembre y que la certificación aportada por la defensa no ha sido validada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La defensa también cuestionó la vinculación de Martinelli con los hechos investigados –y por los que ya fueron condenados Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, ambos exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno pasado–.

Insistió en que su cliente requiere "tiempo" para hacer campaña política, ya que aspira al cargo de alcalde del distrito de Panamá, lo que –según Vallarino– afectaría "toda la elección nacional", dado el caudal de votos que pronostica recibirá Martinelli. "Se afecta el principio de humanidad", dijo Vallarino.

Vallarino también enumeró a varios investigados por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública que han sido beneficiados con fianza y hasta citó el caso de un individuo –Óscar De León–, investigado por un homicidio, y que fue beneficiado con una fianza por el mismo Tribunal que ahora atienden la apelación de Martinelli.

La fiscal Delia De Castro –acompañada de los fiscales Ricaurte González y Julio Domínguez– pidió mantener la detención provisional, ya que en la vista fiscal se solicita una pena de hasta 21 años de prisión por la posible comisión de cuatro delitos.

Los fiscales superiores Delia De Castro, Ricaurte González y Julio Domínguez representan al Ministerio Público.

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Los fiscales superiores Delia De Castro, Ricaurte González y Julio Domínguez representan al Ministerio Público.

De Castro remarcó que la detención fue ordenada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia desde el 21 de diciembre de 2015 y ratificada en varios fallos posteriores.

"Su interés no es estar hospitalizado. Es hacer campaña política. Es contradictorio con lo que dice la defensa", dijo De Castro, y advirtió que si Martinelli es excarcelado, hay una "alta probabilidad" de que no concurra personalmente al proceso. El juicio oral debe empezar el 12 de marzo.

Además de la fianza de excarcelación por $500 mil, la defensa también propone la entrega del pasaporte y el monitoreo electrónico –que tendría que ser telefónico, porque en Panamá no hay brazaletes– de su cliente, así como su notificación periódica ante la autoridad judicial.

También promete que su cliente se mantendrá alejado de las víctimas, querellantes y testigos del proceso, y recuerda que estará bajo la vigilancia de 12 agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI), una atención que le corresponde como expresidente de la República.

La audiencia se realiza luego de que la defensa del expresidente apelara la decisión del juez de Garantías Justo Vargas.

David Cuevas, abogado del acusador particular y víctima Rosendo Rivera, negó la afirmación de la defensa en el sentido de que el Código Judicial, bajo el sistema inquisitivo, prohíbe la detención preventiva de personas mayores de 65 años de edad. "La Corte ha revisado esa medida cautelar y en todas [sus decisiones] ha coincidido que el peligro de fuga se mantiene y que hay peligro de destrucción de pruebas", señaló, y recordó que Martinelli "vehementemente" ha intentado en varias ocasiones conocer la identidad del testigo protegido. "Eso se va a conocer el día del juicio", anticipó.

Cuevas recordó que cuando Martinelli se fue a Estados Unidos, en enero de 2015, el proceso estuvo detenido "por más de tres años".

Nicomedes Castillo, abogado del querellante coadyuvante y víctima Juan Carlos Navarro, consideró que no hay tal afectación de derechos humanos, como alega la defensa. "Ya quisiera muchos detenidos de La Joyita que se les violaran sus derechos así", indicó.

Los abogados Jovan Jaramillo y Carlos Herrera Delegado, que representan a los querellantes coadyuvantes Rubén Polanco y Mauro Zúñiga, respectivamente, también pidieron al Tribunal que se negara la petición de la defensa, por considerar el riesgo que esto conlleva para el proceso. Herrera Delegado incluso dijo que el procesado agredió a uno de los querellantes –cuyo nombre no reveló–, cuando éste lo visitó en El Renacer, para hablar de un posible acuerdo extrajudicial.

Mitchell Doens, otra víctima querellante, dijo al Tribunal que todos los hechos expuestos en la audiencia son ampliamente conocidos, porque son los mismos que la defensa ha expuesto reiteradamente. "La gran mayoría ha sido rechazado por la Corte Suprema de Justicia y por el juez de garantías", remarcó.

También dijo que si Martinelli sale para dedicarse a su campaña política, tal vez se le exponga "a una tensión" que podría provocarle la muerte.

Por su parte, Balbina Herrera, otra víctima y querellante coadyuvante, se quejó ante el Tribunal porque Martinelli, como privado de libertad, escribió el pasado fin de semana un mensaje en su cuenta en Twitter, para pedir apoyo a su candidatura.

"Como víctimas, sentimos el hostigamiento personal", resaltó.

A la 1:03 p.m., los magistrados anunciaron un receso hasta las 4:00 p.m.

Al iniciar el acto de este lunes, el tribunal informó que se recibió una querella por la transmisión de la audiencia. "Usted tiene sobre sí una presunción de inocencia, que obliga preservar su imagen", por lo que se preguntó a Martinelli si deseaba que ésta fuera televisada. "Sí, señora magistrada, que sea televisada esta y todas las audiencias", respondió el exgobernante panameño.

El tribunal también informó que cada una de las víctimas y el acusado tendrían cinco minutos para intervenir oralmente, a lo que Martinelli se quejó y pidió tiempo adicional. Se acordó que se le otorgaría " máximo 30 minutos" para dirigirse a la sala.

Hace una semana, el juez de garantías Vargas negó la fianza al considerar que no han variado las circunstancias jurídico penales dentro del proceso que se le sigue al acusado.

El exmandatario fue traído al proceso, tras ser extraditado el 11 de junio de 2018 desde Estados Unidos. Desde esa fecha, permanece detenido de forma provisional en la cárcel El Renacer.

El pasado 7 de diciembre de 2018, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declinó la competencia ante el Tribunal de Juicio del Sistema Penal Acusatorio, e indicó que se validaban las actuaciones surtidas por el magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía, durante la etapa intermedia del caso.

Después, el 21 de enero de 2019, el despacho del magistrado fiscal Harry Díaz entregó al Ministerio Público, la carpeta dentro de esta causa.