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Asesinato de líder indígena bribri destaca en semana noticiosa en Costa Rica

San José. Agencia PL | 23 de Marzo de 2019 a las 11:12

El asesinato del líder indígena Sergio Rojas y la prisión preventiva por tres meses contra el sacerdote Jorge Arturo Morales por presunto abuso sexual contra menor de edad destacaron en Costa Rica la semana que concluye este sábado.

El crimen contra el activista bribri, baleado el lunes pasado en su casa de habitación en Yeri, territorio indígena de Salitre, conmocionó a Costa Rica y fue condenado por toda la sociedad, incluido el Gobierno, que por medio del presidente Carlos Alvarado repudio ese acto violento contra la vida de Rojas.

Sin embargo, poco más de 200 organizaciones de una veintena de países responsabilizan al estado costarricense del asesinato Rojas, y aseguran que por ello el Bicentenario de la Independencia está manchado de sangre.

En un comunicado de prensa divulgado en redes sociales, esas entidades afirman que el asesinato de Rojas es un crimen político cuyo responsable es el Estado costarricense.

'La inacción, la desidia, la negligencia y la incompetencia de éste y de los gobiernos anteriores para resolver la usurpación de los territorios indígenas y de las autoridades judiciales y policiales de Buenos Aires de Osa, para asegurar la integridad de Sergio y de muchas más personas indígenas, llevaron a su asesinato', denuncian.

El texto indica que el Estado costarricense estaba perfectamente enterado de las acciones de usurpación de los territorios indígenas y otros actos de asedio, persecución, amenazas y atentados directos contra Sergio y muchos más indígenas, y hubo varios intentos de homicidio contra el mismo Sergio y muchos otros indígenas de la zona sur.

'Ante todos esos casos, el Estado costarricense nunca aplicó protocolos de prevención de la violencia y mantuvo una actitud que sigue propiciando la indefensión y la impunidad. En ninguno de esos casos los agresores fueron condenados', sostiene.

Refiere que ante las amenazas sufridas por los pueblos indígenas y a solicitud de las comunidades Salitre y Térraba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó en 2015 garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre.

Precisamente, el Gobierno curso una invitación para que la CIDH realice una visita de trabajo al país.

Por otra parte, el sacerdote Jorge Arturo Morales guardará tres meses de prisión preventiva por fallo del Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, la capital de Costa Rica, por presunto abuso sexual contra menor de edad.

Agentes de Migración detuvieron a Morales este jueves en Paso Canoas, cuando intentaba abandonar Costa Rica rumbo a Panamá, para lo cual no avisó a las autoridades de la Iglesia Católica, tal y como está establecido para todos sus integrantes.

La prisión preventiva responde a una investigación de ese Juzgado ante denuncia presentada por el joven Fabián Arguedas, de 27 años, quien asegura que el sacerdote abuso sexualmente de él cuando tenía entre 17 y 19 años.

En 2013, Arguedas presentó la denuncia canónica y desde ese momento Morales tenía medidas cautelares eclesiásticas, entre ellas no presidir eucaristías en iglesias.

La situación de Morales se une a las de otros dos sacerdotes ticos, Mauricio Víquez y Manuel Guevara, también señalados de abuso sexual contra menores de edad. Víquez se encuentra prófugo de la justicia y Guevara está en libertad pero con medidas cautelares.

Esos hechos han sumido a la Iglesia Católica de Costa Rica en una verdadera crisis, pues además de esos curas, el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós, tiene dos denuncias por encubrimiento de los padres acusados de abusos sexuales.


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