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Colom veta pena de muerte

Ciudad Guatemala. Varias agencias. | 14 de Marzo de 2008 a las 00:00
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, vetó este viernes la ley que lo facultaba para otorgar o rechazar el indulto a los condenados a muerte, con lo que se produce un vacío legal lo que torna inaplicable la pena capital. Colom afirmó en rueda de prensa que tomó la decisión debido a que la normativa tiene inconstitucionalidades y por las conclusiones de un análisis de expertos que indican que la pena de muerte no incide en reducir la violencia que afecta a este país centroamericano, cuya media es de 15 muertos diarios. "Mal haría yo en sancionar una ley que tiene inconstitucionalidades", afirmó el gobernante durante la rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, antigua sede de gobierno ubicado en el centro histórico de este país. "Hicimos un profundo análisis y consultados profesionales dentro y fuera del gobierno y embajadores, encontramos inconstitucionales", insistió Colom. El Congreso de Guatemala restituyó el 12 de febrero una ley que incluye el derecho al indulto de los reos, tras ser derogada en 2000, pero el presidente Colom decidió este viernes vetar la decisión, con lo que se produce un vacío legal para la aplicación de la pena de muerte. El indulto es un derecho establecido en la Constitución Política y mientras no haya una autoridad que decida al respecto, la pena capital, que se realiza por medio de inyección letal, es inaplicable en la práctica. Más de 30 reos han sido condenados a la pena de muerte pero sólo 20 están en el corredor de la muerte, toda vez que unos 10 reos han sido beneficiados por compromisos internacionales y la pena ha sido modificada. Colom explicó que las contradicciones que tiene la normativa se refieren al derecho a la vida del reo, la retroactividad de la ley y a los compromisos que tiene Guatemala como parte de la Convención Americana de Derechos Humanas. Colom, tras vetar la ley, convocó a una mesa de trabajo para analizar el tema de la pena de muerte y dijo que espera que el Congreso consulte a la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, las contradicciones que tiene la normativa. El presidente aceptó que su decisión puede tener un costo político, porque la mayoría de la población está a favor de la pena capital, "por desesperación debido a los altos niveles de violencia". No obstante, anotó, "no nos podemos aislar del resto de países del mundo que van en la vía de abolir la pena capital". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había manifestado este viernes su preocupación por la posibilidad de que se aplicara la pena de muerte en Guatemala tras la aprobación de la ley que establecía el indulto, antes de que el presidente Colom la vetara. Aseguró que su decisión no se debió a las presiones que organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional hicieron para que dejará sin efecto esa normativa. Sin embargo, reconoció que no haberlo hecho habría ocasionado "el debilitamiento" de las relaciones de Guatemala con "los países amigos que tanto han apoyado a nuestro país", que podrían haber reducido su ayuda. Dejar con vigencia la pena de muerte, indicó el mandatario, habría sido tanto como "condenarnos a otra pena de muerte mayor. A la pena de muerte de la pobreza y el hambre para miles de personas. Esa pena de muerte es la que más nos interesa desterrar". Además argumentó que "se ha demostrado en otros países" que la pena de muerte "no disuade" a los delincuentes, sino que por el contrario "en varios estados de Estados Unidos, después de una ejecución se incrementan los índices de violencia". La pena capital quedó en suspenso en mayo de 2000, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de este país, declaró "inconstitucional" la Ley de Indultos, la cual databa de 1892, por ser anterior a la Constitución de 1985, la cual no contemplaba qué autoridad, en última instancia, debía conocer las peticiones de gracias de los condenados. La CC ordenó entonces al Congreso legislar para salvar el vacío legal y se suspendió de hecho la aplicación de la pena de muerte, hasta que se resolviera el asunto. Tanto Portillo como su sucesor, Óscar Berger, presidente entre 2004 y 2008, intentaron, sin éxito, abolir definitivamente la pena capital de la legislación guatemalteca. En la actualidad hay 41 reos condenados a muerte en Guatemala, por delitos de asesinato, ejecución extrajudicial y secuestro. Tras el veto de la ley, el Congreso podrá aceptarlo y trabajar en una nueva normativa, o rechazarlo y mandar a publicarlo en el Diario de Centroamérica (Gaceta Oficial) para que cobre vigencia. Esta última decisión deberá contar con el apoyo de tres cuartas partes de los 158 legisladores. Un portavoz del derechista Partido Patriota (PP), el cual promovió la aprobación de la ley vetada, en declaraciones a Acan-Efe calificó de "inaudito" el veto presidencial, y anunció que trabajaran en el Congreso para lograr el rechazo. "Vamos a buscar el apoyo de los 105 diputados que se necesitan para rechazar el veto y mandar a publicar la ley para que cobre vigencia", aseguró. Guatemala, Cuba y Estados Unidos son los únicos países del continente americano que contemplan la pena de muerte como máxima condena penal.

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