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Saca no quiere reabrir caso de jesuitas asesinados en 1989

San Salvador. Agencia ACAN–EFE. | 25 de Marzo de 2008 a las 00:00
El presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, afirmó el martes que el Estado debe responder por el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas, en 1989, pero advirtió que el caso ya está cerrado judicialmente y no debe reabrirse. "Es un proceso que está caminando en las diferentes instancias" dijo Saca sobre la revisión del caso que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, el pasado 11 de marzo y donde le dio un plazo de 45 días al Estado para presentar un informe sobre el cumplimiento de una serie de recomendaciones. El mandatario dijo a la prensa que "ustedes saben perfectamente que nosotros hemos condenado estos hechos tanto la muerte de monseñor Romero (1980) y la muerte de los jesuitas. Me parece que fueron lamentables muertes como todas las muertes de los salvadoreños que fallecieron en circunstancias difíciles en medio de la guerra". El 16 de noviembre de 1989 efectivos militares ejecutaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita español Ignacio Ellacuría, así como a otros cuatro sacerdotes de la misma nacionalidad y un salvadoreño. Además, fueron asesinadas una empleada doméstica y su hija, de 16 años. Saca dijo que "creo que el Estado en sí debe responder por esto (la matanza) y debemos atender las peticiones (de la CIDH)". "Estamos precisamente en un proceso en el organismo internacional, estamos platicando con ellos y vamos a encontrar una solución de lo mejor para el futuro del país", sostuvo el presidente. Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad de reabrir el caso dijo que "eso está cerrado" y que "estamos hablando de un proceso, en este momento, en donde se le exige al Estado una decisión, una solución, pero ya estas son cosas juzgadas". En 1991 fueron condenados por el crimen el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, entre una decena de militares acusados, pero fueron liberados en 1993, horas después de que la Asamblea Legislativa aprobara una Ley de Amnistía que dejó en la impunidad decenas de crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992). La CIDH recomendó en 1999 al Estado salvadoreño "realizar una investigación completa, imparcial y efectiva, de forma expedita conforme a estándares internacionales a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones encontradas, sin perjuicio de la amnistía decretada". El mandatario enfatizó que "nosotros creemos que en el país las cosas juzgadas no deben reabrirse porque definitivamente este fue el sello que terminó la guerra y que generó un proceso de paz". Por su parte, el rector de la UCA, José María Tojeira, denunció el pasado 13 de marzo que el Estado salvadoreño "no ha hecho nada" para cumplir con las recomendaciones hechas por la CIDH.

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