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Corte Suprema salvadoreña defiende independencia de jueces ante críticas de no aplicar adecuadamente las leyes

ACAN-EFE. Desde San Salvador. | 20 de Agosto de 2006 a las 00:00
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador defendió este lunes la independencia de los jueces en la aplicación de las leyes "ante las constantes críticas que el Órgano Judicial y algunos jueces y juezas han estado recibiendo". En un comunicado que publica en espacios pagados de los diarios locales, el máximo organismo judicial dice que la independencia de los órganos del Estado está establecida en la Constitución "y es fundamento de la forma republicana de gobierno, contrastante histórica de la forma monárquica". Esta no es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia acude a la difusión de comunicados para defender su independencia tras críticas de altos funcionarios del Gobierno y sectores empresariales que culpan a los jueces del alto índice de delincuencia en el país por supuestamente no aplicar en forma adecuada las leyes. La Corte expresa que "es contrario a los intereses de la república cualquier pretensión de otros poderes, públicos o no, de influir, presionar o controlar la gestión del Órgano Judicial, como no sea por los medios que las leyes franquean". El Salvador es uno de los países más violentos de América Latina, con un promedio de diez asesinatos diarios, según reconocen las autoridades, pero el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo estableció recientemente en doce por día. Según las autoridades de Seguridad, la policía se esfuerza por capturar a los delincuentes y a los pocos días quedan en libertad por fallos judiciales. Muchos jueces insisten en que la Policía y la Fiscalía remiten a los detenidos sin suficientes pruebas sobre los delitos que se les imputan. El Gobierno culpa a las pandillas de al menos un sesenta por ciento de los asesinatos que ocurren en el país, la mayoría por riñas entre esos grupos o para cumplir amenazas hechas a empresarios en casos de extorsión, en coordinación con el crimen organizado. La Cámara de Comercio e Industria de San Miguel, en el este del país, denunció la semana pasada, en un comunicado, "la grave situación que enfrenta la sociedad migueleña con respecto a las extorsiones (cuotas, amenazas a muerte, asesinatos y crisis de violencia)". La entidad afirma que la sociedad de San Miguel, la tercera ciudad en importancia del país, "estamos viviendo una situación caótica que ya no se puede soportar". Agregó que "muchas empresas están cerrando operaciones y el resto de la población vive aterrorizada al no sentir el apoyo de las instituciones legalmente constituidas para este fin". El ministro de Gobernación (Interior), René Figueroa, informó, en una rueda de prensa, que en lo que va de este año han sido detenidas en San Miguel 74 personas por extorsión y 94 por asesinatos. Figueroa insistió en que la población de San Miguel y del resto del país deben tener confianza en los planes que desarrolla la policía contra todas las formas de delincuencia. Las asociaciones de empresarios de autobuses han denunciado una situación de permanente extorsión en el sector y varios dirigentes han anunciado incluso su disposición de buscar negociaciones con líderes pandilleros. Según las entidades, en este año más de sesenta empresarios, cobradores y conductores de autobuses han sido asesinados, mientras que desconocidos han incendiado numerosas unidades del transporte. Un microbús de la Ruta 41 fue incendiado este lunes en la Carretera de Oro, que de San Salvador conduce al este del país, luego que los delincuentes exigieron a los pasajeros que lo desalojaran.

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