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El Congreso de Guatemala ratifica el estado de sitio al nororiente del país

Ciudad de Guatemala. Agencias | 10 de Octubre de 2019 a las 15:28

Con 91 votos a favor, tres en contra y 64 ausencias, el Congreso de Guatemala ratificó este jueves el decreto gubernativo que prorroga por 30 días el estado de sitio en 22 municipios del noreste del país porque supuestamente "persiste la violencia y la amenaza al orden constitucional".

La prórroga quedó ratificada en el decreto 8-2019 del Legislativo guatemalteco y, pese a que el presidente, Jimmy Morales, había retirado de la solicitud los municipios de Livingston y Puerto Barrios, en el departamento caribeño de Izabal, para evitar afectar al turismo, los diputados los reintegraron.

Sin embargo, quedó establecido que en ambas localidades quedan excluidas las "zonas urbanas" y que la medida de excepción se realizará en las áreas rurales y en las zonas portuarias de Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, que dan hacia el Golfo de México.

La medida limita los derechos constitucionales de "libertad de acción, detención legal, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y portación de armas".

Además, el presidente ejercerá su calidad de "comandante general del Ejército" y todas las autoridades y entidades estatales "están obligados a prestar a las autoridades militares y civiles el auxilio y cooperación que le sean requeridos".

Además de las zonas rurales de Livingston y Puerto Barrios, la medida extraordinaria aplica en los municipios de El Estor, Los Amates y Morales, del departamento de Izabal; en los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de Las Casas, en el departamento de Alta Verapaz.

También están contemplados los municipios de Gualán, Río Hondo, Usumatlán y Teculután en Zacapa; Purulhá en Baja Verapaz; y San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasuagastlán, en El Progreso.

Según el Gobierno, "una serie de hechos violentos han cobrado vidas humanas y puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la salud, la vida, la paz y el desarrollo integral de las personas".


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