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Poder Judicial de Honduras aprueba evaluación para incorporar al servicio regular a personal por contrato

Tegucigalpa. Agencias | 31 de Octubre de 2019 a las 14:01

La Presidencia del Poder Judicial mediante Acuerdo PCSJ 40-2019, aprobó recientemente la realización de un proceso de evaluación del personal judicial por contrato, para su incorporación al Servicio Regular de la Carrera Judicial.

Para la realización de dicho proceso se ha instruido a la Dirección de Administración de Personal para que previamente efectúe una auditoría de puestos, con el objeto de determinar cuántos servidores judiciales actual mente laboran bajo la modalidad de contrato, cuánto tiempo tienen dentro de la institución, qué cargos ostentan, cuáles son sus sueldos actuales y cuál es su ubicación organizacional y geográfica.

Asimismo, el Acuerdo instruye a la Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento, para que, con base en los resultados que arroje dicha auditoría de puestos, realice el correspondiente estudio presupuestario.

Una vez finalizada la auditoría de puestos y realizado el análisis presupuestario, iniciará el proceso referido para cuyo desarrollo deberá tenerse en cuenta los méritos personales, que dé igualdad de oportunidades, estimule el ingreso de los más aptos, garantice su estabilidad y desarrollo profesional, y les dote de los medios adecuados para una vida decorosa y digna.

Actualmente el personal judicial por contrato, por estar incorporado al Servicio Excluido, no puede gozar de beneficios laborales tales como las prestaciones y servicios que brinda el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), o la cobertura del seguro privado de vida y médico-hospitalario que cubre a funcionarios y empleados judiciales del Servicio Regular.

En este sentido, el Presidente del Poder Judicial, Magistrado Rolando Edgardo Argueta Pérez, a fin ser justos con este sector de servidores judiciales, ha considerado la necesidad de aplicar un tratamiento igualitario en beneficio de todo el personal que hasta este momento se encuentra bajo la modalidad de contrato, pero deberán someterse a los procesos de evaluación correspondientes.

Este proceso, de acuerdo a lo aprobado, deberá ser respetuoso de la Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos aplicables en Honduras y deberá contemplar lo dispuesto en la Ley de la Carrera Judicial, su Reglamento y la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza.

El Acuerdo hace énfasis que el proceso de evaluación de los servidores judiciales por contrato se llevará a cabo teniendo presente en todo momento los principios de legalidad, debido proceso, igualdad y no discriminación, objetividad, y transparencia.

Para calificar la capacidad, se aplicarán exámenes teóricos y/o prácticos, dependiendo del puesto, mediante los cuales pueda apreciarse el conocimiento de las labores que se realizan y las habilidades y aptitudes propias del cargo.

Para calificar el resto de aspectos, la Dirección de Administración de Personal requerirá que los jefes inmediatos de empleados judiciales por contrato emitan sus respectivos informes sobre el desempeño y la conducta de estos últimos; informes que deberán elaborar de manera objetiva, adjuntando a los mismos la documentación acreditativa que corresponda y siendo responsables de su contenido.

Igualmente, la Dirección de Administración de Personal corroborará la asistencia y puntualidad del evaluado, y si tiene o no antecedentes disciplinarios, procesos de este tipo que se encuentren pendientes y/o informes disciplinarios que se hayan emitido en su contra

El Acuerdo explica que el proceso que se realizará será progresivo, teniendo en cuenta factores como el cargo, ubicación geográfica y disponibilidad presupuestaria, iniciando con aquellos puestos en donde haya mayor cantidad de empleados judiciales por contrato y con aquel personal judicial por contrato que se encuentre adscrito al departamento de Francisco Morazán, en la medida que el presupuesto institucional lo permita; debiéndose haber cubierto el total de servidores judiciales por contrato, a nivel nacional, antes de finalizado el año fiscal 2022.

 


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