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Ministerio Público de Guatemala captura a exdirectivos de empresa portuaria

Ciudad Guatemala. Emisoras Unidas | 7 de Noviembre de 2019 a las 13:06

La Fiscalía Contra la Corrupción llevó a cabo tres allanamientos en los departamentos de Guatemala e Izabal para capturar a dos exdirectivos de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla.

Las personas aprehendidas son Romualdo Augusto Mejía López, exinterventor de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla y a Hugo René Vásquez Gómez, exdirector financiero de dicha portuaria.

Según información oficial, a los capturados se les sindica por su posible participación en el delito de Peculado.

La investigación determinó que dichas personas, son los presuntos responsables de haber realizado dos inversiones que suman 21 millones de quetzales en el desaparecido Banco Promotor, S.A.

Luego de que desapareciera esta entidad bancaria, los fondos provenientes del erario se perdieron en la liquidación de sus bienes.

Las órdenes de aprehensión, fueron autorizadas por el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Puerto Barrios Izabal.

Las pruebas

El MP basó su investigación en informes de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, fotocopias certificadas de expedientes administrativos y certificados de inversión, declaraciones testimoniales e informes de entidades públicas y privadas.

Las inversiones en el Banco Promotor S.A. fueron realizadas en el año 2003 bajo el aval de las dos personas con órdenes de aprehensión.

Dos allanamientos en dos meses

El pasado 1 de octubre, la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) realizó varios allanamientos en la zona de libre comercio del Puerto de Santo Tomás de Castilla, ubicado en Puerto Barrios, departamento de Izabal.

En esa ocasión las autoridades reportaron la captura de Juan Carlos Pérez Trujillo, Wendy Estefanía Valenzuela Molina y Hostin Dávila Pivaral.

El caso fue conocido por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal.

La investigación se derivó de una denuncia de la contraloría que detectó anomalías en los años 2014 y 2015.

Los hechos relacionados a la simulación de prestación de servicios de arrendamiento de locales.


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