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Inician en Costa Rica audiencias sobre análisis de datos

San José. Prensa Latina | 4 de Marzo de 2020 a las 08:52

La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa de Costa Rica comenzará sus audiencias para investigar todo lo relacionado con la creación y trabajo de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Instalada un día después que el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, acudiera este lunes ante el Plenario Legislativo para explicar el trabajo de ese equipo de análisis, los integrantes de la Comisión Especial consideraron necesario citar a una veintena de personas para conocer más del asunto, al quedar inconformes con lo expuesto por Morales.

Entre los que serán llamados aparece el presidente Carlos Alvarado, pero aún sin fecha, mientras el ahora exviceministro (renunció anoche) de Planificación Daniel Soto, uno de los firmantes del decreto ejecutivo para crear la UPAD, y el gerente del área de modernización del Estado de esa cartera, Luis Román Hernández.

Ese grupo parlamentario, que tiene dos meses para entregar un informe al Plenario Legislativo, está presidido por la diputada del Partido Liberación Nacional Silvia Hernández.

El decreto ejecutivo para crear la UPAD, que en su artículo siete le permitía acceder a datos confidenciales de los ciudadanos, fue firmado en octubre pasado por el presidente Carlos Alvarado, y los ministros Morales, e interino de Planificación, Daniel Soto.

Cuatro días después de ser publicado el 17 de febrero pasado en el diario oficial La Gaceta, se reveló que ese equipo estaría ya trabajando (se habla incluso de 18 meses), lo que provocó gran revuelo y el rechazo inmediato de casi todos los sectores, que lo califican de violatorio de las libertades individuales, espionaje y persecución.

Debido a esa oposición, ese mismo día el gobierno acordó derogarlo, pero las consecuencias del intento de acceder (o el acceso) a los datos confidenciales de los ticos no concluyen y además de un informe de la Defensoría de los Habitantes, la Fiscalía General allanó, por primera vez en la historia de este país, Casa Presidencial.

El asunto es tan complicado que de comprobarse el uso de datos confidenciales, Alvarado podría ser destituido si fuera condenado por el caso UPAD, en el que, junto a otras siete personas, aparece como imputado por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

En particular, la Fiscalía imputa al mandatario tico los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.


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