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Proyecto busca reforzar protección de datos en Costa Rica

San José. Prensa Latina | 6 de Marzo de 2020 a las 09:15

El diputado por el Frente Amplio (FA), José María Villalta, afirmó este viernes que con su proyecto legal busca reforzar la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad en Costa Rica.

Ante las debilidades evidenciadas en el polémico caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que por decreto ejecutivo tenía acceso a información confidencial de los ticos, nace la necesidad de fortalecer la protección de esos datos personales, indicó Villalta a la prensa.

El diputado precisó que la tarde de este jueves presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Traslado de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) a la Defensoría de los Habitantes y Reforma de Varios Artículos de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

Subrayó que el objetivo principal de la iniciativa consiste en garantizar la independencia de la Prodhab, trasladando su dependencia del Poder Ejecutivo a la Defensoría de los Habitantes.

'La experiencia nos demostró que fue un error dejar la Prodhab adscrita al Poder Ejecutivo cuando su función primordial es la defensa de las y los habitantes frente al tratamiento abusivo que puede hacer el Estado de sus datos personales. Sus funciones se ajustarían bien dentro de la Defensoría', resaltó el legislador del FA.

Además, prosiguió, la propuesta reforma distintos artículos de la Ley de Protección de Datos para aclarar el marco normativo y especificar de forma más precisa las excepciones que permiten el acceso a la información, impidiendo que se utilicen de forma indebida como se buscaba con el decreto de creación de la UPAD.

El decreto ejecutivo para crear la UPAD, que en su artículo siete le permitía acceder a datos confidenciales de las personas, fue firmado en octubre pasado por el presidente Carlos Alvarado, y los ministros de la Presidencia, Víctor Morales, e interino de Planificación, Daniel Soto.

Cuatro días después de ser publicado el 17 de febrero pasado en el diario oficial La Gaceta, se reveló que ese equipo estaría ya trabajando (se habla incluso de 18 meses), lo que provocó gran revuelo y el rechazo inmediato de casi todos los sectores, que lo califican de violatorio de las libertades individuales, espionaje y persecución.

Debido a esa oposición, ese mismo día fue derogado, pero las consecuencias del intento de acceder a los datos confidenciales de los ticos no concluyen y además de un informe de la Defensoría de los Habitantes, la Fiscalía General allanó, por primera vez en la historia de este país, Casa Presidencial, y el Legislativo instaló una Comisión Especial.

'El caso de la UPAD demostró que existen portillos legales y debilidades institucionales que el Poder Ejecutivo intentó aprovechar en el ya derogado decreto. Aunque el decreto no resiste el más mínimo análisis de constitucionalidad, es necesario corregir esas ambigüedades en la legislación', sostuvo Villalta.


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