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Gobierno panameño analiza aumentar condenas a menores infractores

Agencia PL. Desde ciudad Panamá. | 3 de Septiembre de 2006 a las 00:00
El gobierno panameño estudia la posibilidad de aplicar condenas más severas a los menores infractores, una iniciativa que provoca posiciones encontradas en el país. La ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, explicó que esa opción forma parte de las eventuales modificaciones al régimen de responsabilidad penal de los menores. Aclaró que no se trata de un aumento de las sanciones en general sino a los jóvenes reincidentes en hechos delictivos como homicidios y robos a mano armada. Los ministerios de Justicia y Gobierno, y de Desarrollo Social realizaron un estudio junto con la policía sobre la creciente participación de menores en actividades delictivas, señaló. En las últimas semanas el asunto ganó en relevancia en el país, debido al aumento de hechos violentos en que están involucrados menores, que incluyen asesinatos y asaltos. Ante esa situación, comenzó un gran debate nacional sobre el incremento de las condenas a los infractores que no sean mayores de edad. El director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Nils Kastberg, rechazó esa propuesta. Afirmó que esa medida no resuelve el problema de la violencia en el istmo, aunque apoyó incrementar las penas a los adultos que inducen a los niños a delinquir y los explotan de diferentes formas. En similar sentido se pronunció la Primera Dama, Vivian Fernández de Torrijos, quien consideró que es necesario buscar otras fórmulas. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Elías Castillo, anunció que en el actual período de sesiones del Parlamento, iniciado ayer, se discutirá ese proyecto. La ley de responsabilidad penal para menores de edad de 1999 indica que la pena máxima que pueden recibir por un hecho punible es de siete años. Según la normativa, las medidas cautelares que implican privación de libertad sólo pueden ser decretadas por un máximo de seis meses y no admiten prórroga. En 2004 un proyecto de la entonces presidenta Mireya Moscoso que preveía juzgar a los menores como adultos fracasó ante las duras críticas de la sociedad civil y de grupos de derechos humanos.

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