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Concejo de Iglesias se pronuncia sobre crisis en Sacatepéquez

Ciudad de Guatemala. ALC | 27 de Junio de 2008 a las 00:00
Las iglesias que participamos en el Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, con suma preocupación hemos venido dando seguimiento a los hechos suscitados en San Juan Sacatepéquez, así como en otras comunidades del país, tal el caso de San Luis Jilotepeque, Jalapa, entre otras, pues son situaciones que nos afectan a todas y todos, que nos entristecen, porque al detonar de nuevo la conflictividad social, se pone en peligro la democracia y la gobernabilidad en nuestro país. Creemos que esta situación se ha desbordado debido a que no se ha sabido proceder frente a la alta vulnerabilidad y sensibilidad de la población ante los proyectos de extracción y explotación minera, cementera y la construcción de hidroeléctricas, dando luz verde a estas empresas, obviando e invalidando cualquier proceso de consulta y expresión de la población, incluso declarándolos inconstitucionales y no vinculantes. Ejemplos claros que anteceden a lo que hoy ocurre en San Juan Sacatepéquez, es lo realizado en San Marcos y Zacapa, en que inversionistas han llevado a cabo procesos de exploración y explotación de los recursos naturales, irrespetando y violentando su cotidianidad comunitaria y cultural. No ha habido consulta ni información adecuada a la población, ni respeto a sus derechos humanos ni a sus formas propias de autoridad y organización. Lamentablemente estos hechos de violencia y de muertes innecesarias pudieron haberse evitado, si se hubiera canalizado el conflicto por medios pacíficos, a través de un diálogo vinculante entre comunidad-empresa-gobierno, tal y como lo solicitamos públicamente en mayo pasado, conjuntamente con la Fundación Rigoberta Menchú Tum. Frente a esta situación, el Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala hace un llamado a todos los actores involucrados a hacer su mejor esfuerzo por retomar el diálogo para buscar alternativas a este conflicto, en el que es imperativo que los actores directos demuestren capacidad y voluntad política y que tomen medidas que posibiliten y creen condiciones objetivas para este diálogo, lo cual no se logra criminalizando la protesta popular y las demandas comunitarias. Es imperativo buscar los mecanismos para que los espacios de diálogo y los mandatos de las consultas populares en temas de seguridad ecológica y ambiental sean vinculantes, pues es un deber ético, moral y pastoral proteger la vida humana y la salud de los entornos comunitarios y ecológicos, fundamentalmente frente a los escenarios de hambruna que nos acechan. ¡Pobre de aquel que edifica su casa con abusos, y levanta sus pisos sobre la injusticia! ¡Pobre de aquel que se aprovecha de su prójimo, Jeremías 22, 13.

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