Sindicatos del sector público de Costa Rica propusieron el miércoles que el gobierno congele las tarifas del transporte público y los precios de al menos 30 productos de consumo básico, como medida de emergencia ante la gravedad de la crisis energética.
"Si queremos que haya menos pobreza y menos hambre, se deben congelar los precios de unos 30 de los 45 productos que integran la canasta básica y evitar que sigan aumentado las tarifas del transporte público", advirtieron tres de los mayores sindicatos del sector público.
La propuesta se basó en un estudio realizado por el economista Henry Mora, de la estatal Universidad Nacional, quien aseguró que los altos precios de los hidrocarburos afecta en forma dramática a las familias costarricenses que viven bajo la línea de la pobreza, alrededor del 20% de la población.
"El índice de inflación general prevista para el 2008 es de 12%, pero los precios de los productos de consumo básico, que son los que consumen las familias más pobres, han aumentado el doble de ese porcentaje", dijo Mora.
El economista recomendó al gobierno negociar con los dueños de las líneas de autobuses la reducción de aranceles en repuestos, neumáticos y lubricantes, con el fin de que acepten mantener las actuales tarifas.
Asimismo, señaló que "es de gran importancia que se disminuyan los aranceles a los insumos destinados a la producción agrícola, especialmente de maíz, arroz, trigo, soya, aceites y al sector pecuario", para poder contener los precios a los consumidores.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, dijo que el gobierno podría compensar la pérdida de ingresos por la baja de aranceles con su adhesión a Petrocaribe, una organización integrada por 18 países de la región a los que Venezuela vende petróleo en condiciones especiales de pago.
Los sindicatos celebraron la decisión del gobierno -anunciada el miércoles- de solicitar el ingreso a esa organización, aunque criticaron que lo haya hecho con casi dos años de retraso, "lo que provocó que se perdieran oportunidades y mucho dinero", según Vargas.
La propuesta la suscriben, además de ANEP, los influyentes sindicatos de trabajadores de la salud y del sector de las telecomunicaciones y la electricidad.