Alegando que no es "un juez ético" sino uno que se atiene a la ley, el presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, Luis Paulino Mora, justificó la decisión de no abrir una investigación a un juez salpicado en un escándalo de asesorías contratadas por el gobierno.
La Corte Suprema desistió el lunes de investigar al magistrado Federico Sosto, quien recibía pagos del gobierno por asesorías, algo que prohíbe la Constitución, en un caso que involucra también al ministro de la Presidencia y hermano del presidente Oscar Arias, Rodrigo Arias.
"Yo no soy un juez ético, sino de legalidad. Lo que hice en mi caso fue aplicar la Ley del Poder Judicial", dijo Mora en una entrevista publicada este jueves en el diario La Nación.
Sosto argumenta que prestó las asesorías como abogado privado, puesto que ésta era su actividad principal, aunque se desempeña desde hace medio año como magistrado de la Sala Constitucional del máximo tribunal en reemplazo de un juez titular que se jubiló.
El presidente de la Corte aceptó este argumento y declaró que "la actividad (de asesoría privada) del señor Sosto, por ser él un magistrado suplente, está autorizada por la ley orgánica del poder judicial".
"Si éticamente eso no procede, corresponde a un tribunal de ética" resolver el caso, agregó Mora en la entrevista.
Esta propuesta de Mora fue acogida por el Colegio de Abogados de Costa Rica, que investiga si Sosto infringió normas éticas de la orden, mientras una comisión investigadora del Congreso se apresta a citarlo a una audiencia.
Sosto y varias personas del entorno del gobierno y hasta una dirigente de la oposición asesoraban al gobierno, que les pagaba con fondos de donaciones extranjeras depositados en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), desde donde eran girados al margen del presupuesto público.
Un director costarricense del BCIE que testificó ante el Congreso atribuyó responsabilidad en este cuestionado esquema de pago de asesorías al hermano del presidente Arias, en el mayor escándalo ocurrido durante su mandato.