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Resurgen las ejecuciones extrajudiciales en Guatemala

Ciudad Guatemala. Agencia ACAN-EFE. | 31 de Julio de 2008 a las 00:00
Las ejecuciones extrajudiciales o "limpieza social" que se registran en Guatemala no son recientes sino un patrón re-emergente con el fin de eliminar a la persona estigmatizada, asegura este jueves una investigación sobre el tema. Según Claudia Samayoa, del Movimiento de Derechos Humanos y ex integrante del Consejo Nacional de Seguridad del Estado, desde el gobierno del general Jorge Ubico (1931-1944) la práctica de la "ley fuga" se convirtió no sólo en herramienta de control político sino de "limpieza social" para brindar seguridad ciudadana. Al presentar hoy la investigación "Deudas de la Transición: Ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas", Samayoa comentó que estas prácticas son perpetradas por agentes del gobierno o por civiles con la aquiescencia del Estado debido a los altos niveles de impunidad existentes. Uno de los ejemplos citados por la activista son las ejecuciones de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen), a manos de cuatro policías guatemaltecos. Los tres parlamentarios Eduardo D'Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, y su chofer y también policía Gerardo Ramírez, fueron asesinados el pasado 19 de febrero de 2007 en la carretera que une Guatemala y El Salvador. Los cuatro policías que habían sido detenidos por esa ejecución, Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez, fueron asesinados el 25 de febrero de 2007 en la prisión en la que fueron encarcelados. Ese caso, así como otros hechos, demuestran "la permanencia de las estructuras clandestinas responsables de ejecuciones extrajudiciales dentro de la Policía Nacional Civil, lo que explica las alarmantes estadísticas de muertes violentas que obedecen a un patrón determinado", señala la investigación. Samayoa explicó que en el 2004 se registraron 22 casos de ejecución, en 2005 la cifra subió a 648, en 2006 no obtuvo información, pero en los primeros nueve meses de 2007, año en el que hizo la investigación, hubo 719 hechos de esa naturaleza. En Guatemala, sostuvo, se registran al menos 25 casos de ejecuciones extrajudiciales por mes, lo que es "alarmante". Sin embargo, anotó que el fenómeno de las ejecuciones de personas estigmatizadas no es reciente sino un patrón re-emergente que puede verse desde dos ángulos. Explicó que uno de ellos es "la práctica de la eliminación del estigmatizado" y el otro "la eliminación selectiva y represiva" por parte de los organismos del Estado de grupos considerados "enemigos". Según la investigación, patrocinada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), el estigma ha sido construido históricamente hacia la población pobre, indígena y de la calle, y se le identifica con la figura del pandillero, lo cual es "algo reciente". El estigma del pandillero ha sido impulsada por las fuerzas de seguridad y en el país existe "un clima político favorable a las ejecuciones de jóvenes estigmatizados", apunta. Samayoa insistió en declaraciones a periodistas que dentro de la Policía Nacional Civil (PNC), existen grupos que participan en estos hechos, aunque reconoció que es "muy complicado" y "difícil" establecer cuántos existen. La activista dijo que el propósito de la investigación persigue hacer presión a las autoridades para que investiguen y controles estas graves violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

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