La Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, dijo este viernes que "sería nefasto para la humanidad que la quema de la embajada de España (en Guatemala) quedara en la impunidad", al recordar el sangriento hecho en el que murió su padre, ocurrido hace 29 años.
"Los crímenes de lesa humanidad como el genocidio, las torturas, los asesinatos selectivos y las matanzas ocurridas en Guatemala tarde o temprano tendrán que ser juzgados, aquí en el país, o ante cualquier tribunal del mundo, pero no pueden quedar impunes", señaló Menchú en declaraciones a Efe.
Junto a una decena de dirigentes de organizaciones locales de derechos humanos, la líder indígena recordó el asalto de las fuerzas de seguridad del Estado a la sede de la embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, que concluyó con la muerte de 37 personas, entre ellas su padre, Vicente Menchú, y tres ciudadanos españoles.
"Yo confío en que vendrán tiempos mejores para la justicia universal. Sé que algún día, aunque ya no lo vean mis ojos, en algún lugar del mundo se hará justicia por los miles de guatemaltecos que fueron asesinados por los militares. Esa confianza es la que me hace estar hoy acá", precisó la Premio Nobel.
Los activistas acudieron a la sede de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, máximo tribunal de este país, para reclamar a sus magistrados "la actitud de complicidad con la impunidad" por haber dejado sin efecto las órdenes de captura de cinco militares y dos civiles procesados en España por ese hecho.
"Durante décadas, el sistema de justicia se ha mostrado incapaz de investigar, procesar, juzgar y sancionar a los responsables de esos crímenes contra la humanidad. Incluso se ha convertido en su cómplice", indicó Menchú con lágrimas de "impotencia", dijo, "por el difícil camino que nos ha tocado andar".
El 12 de diciembre de 2007, la CC dejó sin efecto las órdenes de captura con fines de extradición a España de los generales Óscar Mejía Víctores, José Efraín Ríos Montt, Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García, así como del coronel Germán Chupina y los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García.
La CC consideró que la Audiencia Nacional de España, alto tribunal ante el cual en diciembre de 1999 Menchú presentó una demanda penal por delitos de genocidio, torturas, asesinatos y terrorismo de Estado contra los imputados, no tiene competencia para juzgar a guatemaltecos.
El 31 de enero de 1980, la legación española en Guatemala fue ocupada pacíficamente por un grupo de campesinos del departamento de Quiché, acompañados de estudiantes y obreros, para pedir el cese de la represión militar que azotaba esa región del país.
Para desalojarlos, las fuerzas de seguridad asaltaron horas después la representación diplomática española, que por causas aún sin aclarar ardió en llamas tras la incursión de policías y militares.
Entre las 37 víctimas mortales del incidente, además de Vicente Menchú, que dirigía a los campesinos, se encontraban los españoles Jaime Ruiz del Arbol, Felipe Sáenz y María Teresa Vázquez de Villa.
Sólo sobrevivieron el entonces embajador español en Guatemala, Máximo Cajal, y el dirigente indígena Gregorio Yujá Zona, quien horas después fue secuestrado por hombres armados en el hospital al que fue trasladado y su cadáver apareció en una cuneta en el campus central de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala.