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500,000 habitantes rechazan minería en Guatemala

Ciudad Guatemala. Acan-Efe. | 24 de Febrero de 2009 a las 00:00
Los 500.000 habitantes de 33 municipios del occidente de Guatemala expresaron este martes su rechazo al eventual otorgamiento de licencias para explotaciones mineras en sus comunidades por considerar que constituyen una amenaza a la integridad de sus territorios. El denominado Consejo de los Pueblos de Occidente, aglutinado por comunidades de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Sololá, Quiché y Huehuetenango, aseguró en un comunicado que sus miles de habitantes rechazan la concesión de licencias para la exploración y explotación de sus recursos naturales. En las consultas comunitarias que se han realizado, la población ha expresado un rotundo "no" a la promoción de estos proyectos, explicaron en rueda de prensa los representantes de los municipios de Cuilco y San Rafael Petzal (Huehuetenango), Milton Santos y Mario López. "No queremos ver a nadie en nuestras comunidades porque para dar las licencias no se ha tomado en cuenta el consentimiento de la población", advirtió Santos. Por su parte, López afirmó que la exploración y explotación minera "viola nuestros derechos como pueblo" El pasado 22 de enero la Comisión de Energía y Minas del Congreso dio dictamen favorable a una iniciativa de Ley que busca reformar la legislación vigente de minería. Las propuestas, según explicó la diputada opositora Rosa María de Frade, incluyen privilegios en materia de impuestos a las empresas extranjeras y deja por fuera las consultas populares. Según de Frade, las compañías deben pagar, como en otros países, un impuesto de hasta el 40 por ciento en Impuesto Sobre la Renta (ISR). En la actualidad, las empresas reparte del 1 por ciento en concepto de regalías, el 50 por ciento de ellos al Estado y el resto a las Municipalidades El obispo de la Diócesis de San Marcos, Álvaro Ramazzini, reiteró en la misma rueda de prensa su rechazo a la exploración y explotación minera en Guatemala y dijo que hasta ahora 13 comunidades de ese departamento se oponen a los proyectos. Ramazzini dijo que le causa "malestar" y "preocupación" que se haya dado un dictamen favorable a la iniciativa de ley sin tomar en consideración el rechazo de las comunidades. "Los obispos nos hemos involucrado -en el rechazo- porque estamos al lado de los sectores empobrecidos, salimos en defensa de los indígenas y campesinos que son los más excluidos", señaló. El jefe religioso resaltó que "lo que más me alarma e indigna es el alto nivel de desnutrición infantil que hay en estos pueblos (59 por ciento) porque tenemos un modelo económico excluyente y generador de más pobreza". Según Ramazzini, las industrias extractivas de minerales no van a solucionar el problema de la pobreza sino que la van a agravar. Anunció que planteará al Congreso que se apruebe un decreto para que se deje en suspenso de forma indefinida la discusión de la Ley de Minería para que realice un diálogo con las comunidades que serían afectadas y encontrar una solución consensuada. El Consejo de los Pueblos de Occidente afirma en el comunicado que los proyectos de minería "lesionan los intereses de los mayas y vulnera los derechos humanos fundamentales". Las poblaciones, asegura, quedarán desprotegidas si en caso se da una competencia por el agua para le explotación de los recursos habrá una mayor contaminación de los ríos. "Rechazamos toda iniciativa de ley y políticas económicas que continúen violentando nuestros derechos, especialmente a la tierra", subrayó.

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