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Tema electoral gana espacio tras carnavales en Panamá

Ciudad Panamá. PL. | 28 de Febrero de 2009 a las 00:00
El tema electoral concentra la atención en el escenario político de Panamá tras el asueto de carnaval, con acciones que involucran a las autoridades encargadas de los preparativos y los candidatos a los diferentes cargos públicos. Los llamados a la tolerancia en el marco de las campañas ganaron espacio esta semana después de la agresión contra la candidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, durante los festejos de carnaval. Herrera fue impactada con un objeto lanzado por un participante en las celebraciones en Penonomé (provincia de Coclé), en un hecho bajo investigación por parte de la Fiscalía Electoral. Por su parte, el movimiento Generación del Cambio –que apoya al candidato presidencial opositor Ricardo Martinelli- denunció acciones violentas contra uno de sus integrantes por parte de personas identificadas con símbolos del PRD. También cobra fuerza el tema del financiamiento de las campañas después de declaraciones del empresario colombiano David Murcia, arrestado en Panamá y deportado a su país, sobre supuestos contactos de candidatos con sus compañías en busca de apoyo financiero. Al respecto, Murcia mencionó que varios políticos tocaron sus puertas por el lado de la candidata presidencial del PRD, Balbina Herrera, y del aspirante a alcalde capitalino de esa fuerza, Roberto (Bobby) Velásquez. Tanto Herrera como Velásquez aseguraron que en sus respectivas campañas no se utilizaron recursos aportados por el dueño del grupo DMG en Panamá, bajo investigación por irregularidades en manejos financieros. Sin embargo, el candidato a la Alcaldía de Panamá por la alianza opositora, Bosco Ricardo Vallarino, solicitó una investigación sobre el tema, tomando en cuenta materiales difundidos por medios de comunicación que apuntan a su rival en la contienda por el cargo. En materia de preparativos, el Tribunal Electoral indicó que en los comicios se contempla la participación de unos mil 500 observadores nacionales y extranjeros, encargados de dar seguimiento a diversas etapas del proceso. La mayor cantidad será aportada por la Comisión de Justicia y Paz, la cual ya suscribió un convenio para capacitar a mil expertos que realizaran esa labor. Asimismo, la Defensora del Pueblo aportara 450 observadores y a ello se sumaran 65 internacionales, entre ellos los de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el campo de las finanzas, las autoridades bancarias rechazaron versiones sobre posibles intervenciones de instituciones financieras por operaciones vinculadas al Stanford Bank S.A., bajo control tras investigaciones sobre un multimillonario fraude en Estados Unidos. La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) indicó que la decisión de asumir el control administrativo y operativo de la entidad es un hecho aislado, motivado por acciones legales en otros países contra empresas del Grupo Stanford.

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