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Costa Rica, ¿y la justicia, dónde está?

Agencia PL. Desde La Habana. | 23 de Octubre de 2006 a las 00:00
¿Dónde está la justicia en Costa Rica?, vale cuestionarse hoy ante la ambigüedad de un sistema que condena sin juzgar y favorece a pocos. Ni siquiera el haber ocupado la silla presidencial es garantía en ese país centroamericano: turbios intereses pueden saldar viejas cuentas a merced de la venalidad de los encargados de aplicar la maltratada legalidad tica.

Por Isabel Soto Mayedo, de la agencia Prensa Latina (PL). Desde La Habana.

Quizás esto explique, en parte, lo ocurrido con quien gobernó a esa nación entre 1998 y 2002 y luego fungió, por apenas 23 días, como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Angel Rodríguez. Este sobrevive desde hace dos años al escarnio público, mientras espera ser juzgado por un supuesto delito de corrupción, luego que la gloria alcanzada se le viniera encima en apenas unas horas. Todo comenzó cuando Rodríguez fue vinculado por el otrora director del Instituto Costarricense de Electricidad, José Antonio Lobo, con un caso de soborno promovido por la transnacional francesa de las comunicaciones Alcatel, en 2001. Interrogado por la Fiscalía de Delitos Económicos tres años después, su antiguo socio denunció que esta compañía extranjera compró a varios exdirectivos del mayor monopolio estatal de Centroamérica y hasta al exgobernante a cambio de una licitación. Según Lobo, Rodríguez se agenció el 60 por ciento del "premio" de 2,4 millones de dólares concedido por Alcatel a sus "benefactores", luego de agenciarse la oferta de 149 millones de dólares para la compra de 400 mil líneas de telefonía celular. Investigaciones realizadas a partir de esas declaraciones revelaron también que la transnacional entregó 100 mil dólares, de manera respectiva, a las principales fuerzas políticas: el gobernante Partido de Liberación Nacional y el Unidad Social Cristiana. Tales entregas se efectuaron en el ámbito de la campaña electoral desplegada en 2002, que llevó a la presidencia al psicólogo Abel Pacheco (2002-2006). Aunque Rodríguez trató de desmentir esas imputaciones, la Asamblea Legislativa, el entonces Fiscal General de la República, Francisco Dall’Annese, y el exministro de Seguridad Rogelio Ramos, acordaron llamarlo a declarar en un proceso que se iniciaría al efecto. Presionado por las circunstancias, y en virtud de su responsabilidad al frente de la OEA, el implicado tuvo que dar la cara a los representantes de los países miembros de ese foro y explicarle las acusaciones de que era objeto en su país. Fotorreportajes e imágenes televisivas de archivo recuerdan a su vez el aparatoso recibimiento que le hicieron al ex mandatario en suelo tico varios agentes policiales, en el capitalino aeropuerto Juan Santamaría, en octubre de 2004. Cual delincuente común, Rodríguez fue conducido por los representantes del orden imperante en Costa Rica, quienes noocultaron gestos e instrumentos coercitivos para reafirmar su posible culpabilidad. Pero el revuelo armado contra el otrora presidente no implicó que se le hiciera "ni justicia pronta ni mucho menos cumplida". Hasta este día, el ministerio Público sigue sin demandarlo y el juicio, al cual debía ser sometido, parece estar en el olvido. ¿Cuál era la urgencia de la Fiscalía?, preguntan algunos, más la respuesta de las autoridades resulta contradictoria. En tal sentido se menciona la esgrimida frente a los procesos contra el representante de trabajadores afectados por el agroquímico Nemagón, Orlando Barrantes, o contra los campesinos del Bambuzal. Mientras Rodríguez espera ser procesado, los que determinaron hace dos años su regreso al país y su prisión preventiva, procuran desvirtuar a la opinión pública y repiten que no autorizaron tal espectáculo. Pero en la Costa Rica de estos tiempos actitudes semejantes poco asombran y lograr un juicio justo resulta complicado, pese a que la administración se autoproclama ejemplo en la posesión y respeto al Estado de Derecho. Rodríguez es apenas un ciudadano más en la creciente lista de ticas y ticos víctimas del sutil desapego a la legalidad, del atropello psicológico y del encarcelamiento temporal sin que medie un proceso judicial equitativo. Sólo que, cuando se alcanza tan altos niveles, la caída resulta mucho más terrible y la pena resulta doble, pues la prensa pagada se arrogan el derecho de juzgar y dictar sentencia sin que los encargados por la sociedad de hacerlo asuman el reto.

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