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Corte rechaza acción de aval a unión de homosexuales ticos

San José. Acan-efe. | 28 de Mayo de 2009 a las 00:00
La Sala Constitucional de Costa Rica anunció este jueves que rechazó un recurso de inconstitucionalidad que buscaba conseguir el aval para las uniones de hecho entre homosexuales en este país. La Sala indicó en un comunicado que, en una resolución emitida el miércoles, se rechazó el recurso presentado por el abogado Yashin Castrillo y que perseguía que se reformara el artículo 242 del Código de Familia para permitir las uniones homosexuales. La acción judicial, presentada en marzo pasado a título personal por Castrillo, consideraba al artículo 242 como "violatorio de los derechos de igualdad, libertad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, salud, a formar una familia y recibir la protección del Estado y el acceso a la seguridad social". El artículo en cuestión indica textualmente que "la unión de hecho pública, notoria, única y estable por más de tres años entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente al finalizar por cualquier causa". Castrillo solicitó a la Sala Constitucional que se eliminara del texto la frase "entre un hombre y una mujer" para sustituirla por "entre personas". Con el rechazo de su solicitud, Castrillo suma un nuevo intento fallido por legalizar las uniones entre homosexuales, pues en 2006 le fue denegada una acción similar que presentó en 2003, pero que pretendía legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Luego de ese intento, la comunidad homosexual costarricense ha fijado su lucha ya no en el matrimonio, sino en legalizar las uniones de hecho, civiles o sociedades de convivencia. El 29 de enero de 2008 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó a un grupo de ciudadanos opuestos a las uniones homosexuales a recolectar firmas para convocar a un referendo sobre un proyecto de ley que permitiría una figura llamada sociedad de convivencia entre personas del mismo sexo. Actualmente este colectivo ciudadano, al que se ha unido la iglesia católica, recoge firmas para conseguir el cinco por ciento del padrón electoral, es decir, más de 200.000 personas, necesario para convocar la consulta popular. Esta iniciativa de ley, presentada por un grupo de diputados, se encuentra estancada en la Asamblea Legislativa. La iniciativa propone que los bienes patrimoniales constituidos durante la unión homosexual pertenezcan por partes iguales a sus integrantes y que se les reconozca los derechos a formar un hogar, a la herencia y a una pensión. La comunidad homosexual se ha manifestado en contra de llevar el asunto a un referéndum pues considera que se sometería a la decisión de las "mayorías" un asunto que afecta los derechos humanos de una "minoría". También ha criticado a la iglesia católica por ser "intransigente" y por haber iniciado una "cacería de brujas" en su contra.

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