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Ticos ordenan eliminar plaguicidas de las fuentes de agua

San José. elpais.cr.com. | 30 de Mayo de 2009 a las 00:00
Cuatro comunidades del Caribe de Costa Rica, afectadas por el envenenamiento de sus fuentes de agua con agroquímicos, lograron que la Sala Constitucional ordenara a las autoridades del Gobierno eliminar los residuos de plaguicidas de sus acueductos. En el máximo extremo de la sentencia, se ordena también a las autoridades prohibirles a las compañías fruteras “absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en sus plantaciones o bien ordenar el cierre inmediato, si las empresas incumplieren de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se les dieren”. Los Magistrados de la Sala Constitucional ordenaron cumplir una serie de medidas sanitarias a la ministra de Salud, al ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ricardo Sancho. La Sala ordenó que “de forma inmediata inicien el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas de las fuentes de agua, de las cuales se abastece el acueducto de la comunidad de Milano y el de las comunidades de Cairo, La Francia y Luisiana, todos del cantón de Siquirres”, provincia de Limón. Dichas comunidades sufren desde 1995 la contaminación de sus fuentes de agua a causa del aumento de las extensiones del cultivo de piña en el Caribe costarricense, debido al uso de agroquímicos como el bromacil y diurón, entre otros, altamente cancerígenos, según documentos oficiales de 1996. Las demandas de los vecinos han sido confirmadas por laboratorios de AyA, de la Universidad Nacional y del Colegio de Químicos, entre otros, ordenados por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA). El Tribunal Ambiental ordenó hace dos semanas el cierre de una planta procesadora de piña, en el sector de Milano, ya que los agroquímicos afectaban directamente las fuentes de agua, al no contar con una planta de tratamiento de aguas residuales y por no guardar las distancias de protección en zonas de protección. Además, la Sala Constitucional ordenó elaborar un “plan único”, que deben realizar en forma conjunta, como partes de la Administración del Estado y asignó como principal responsable a la ministra de Salud, María Luisa Ávila, quien esta semana afirmó que los vecinos de esas poblaciones sufrían de sicosis por la contaminación. “La jerarca de Salud procurará el completo cumplimiento del plan e informará inmediatamente a la Sala si surge algún obstáculo en su labor de coordinadora”, resaltó la sentencia. La sala les indicó a las autoridades “que podrán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente dirigidas a la limpieza y purificación del agua de los acueductos, con el objetivo de eliminar todo residuo agroquímico”. “Esto implica que podrán ordenarle a las empresas productoras de piña recurridas, los retiros que legalmente correspondan e incluso prohibirles absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en sus plantaciones o bien ordenar el cierre inmediato, si las empresas incumplieren de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se les dieren”, precisó la sentencia. Los recursos fueron resueltos por sentencias 2009-9040 de las 10:29 hrs. y 2009-9041 de las 10:30 hrs., ambas del 29 de mayo de 2009. Sobre el particular, un documento que se mantiene oculto al público por parte de AyA, denominado “Estudio Hidrogeológico para la caracterización y delimitación de las zonas de recarga de las fuentes Milano y El Cairo”, dio cuenta de la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano, El estudio, entregado a AyA el 23 de febrero anterior, del que Nuestro País tiene una copia y que dio a conocer en exclusiva el 3 de mayo anterior, fue elaborado por la empresa Hidrogeotecnia LTDA, que se adjudicó la Licitación abreviada Nº 2008 LA 000039-PRI. El documento está avalado por las firmas de los profesionales Federico Arellano, Arturo Rodríguez, Héctor Zúñiga, Mauricio Vásquez, Pablo Ramírez y Vanessa Paredes. El primer recurso de amparo lo presentó un grupo de personas de las comunidades del Cairo, La Francia y Luisiana de Siquirres, quienes detectaron la presencia de plaguicidas en el acueducto que les abastece de agua. Además, en este recurso se giraron las mismas ordenanzas para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El otro amparo lo presentó un grupo de usuarios del acueducto de Milano, distrito de Germania del cantón de Siquirres, quienes son parte del Comité Pro Agua Saludable que aseguran que existen estudios que reflejan el alto grado de contaminación en el agua y estiman que esta situación ha lesionado sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, ya que por más de seis años han estado causado daños permanentes al ambiente, a los recursos naturales, a los materiales de infraestructura del acueducto y a la salud pública, ya que los habitantes están expuestos al consumo de agua contaminada con tóxicos.

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