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Los hipócritas ataques de la oligarquía salvadoreña

Por Salvador Ventura. Diario Co Latina. | 1 de Octubre de 2009 a las 00:00
El paternalismo y la demagogia le han causado mucho mal a este pueblo. Los cuatro regímenes areneros ofrecieron trabajar “incansablemente” en contra de la pobreza y sus consignas hicieron crecer la esperanza entre los salvadoreños. El presidente Cristiani aseguró que durante su administración se erradicaría la extrema pobreza, al cabo de cinco años ésta había aumentado, lo mismo que la desnutrición y la migración de miles de salvadoreños hacia los Estados Unidos y otros países en busca de mejores oportunidades de vida. El camino de la corrupción había comenzado. En tanto, el gobierno de Armando Calderón Sol también prometió más de lo mismo: “los salvadoreños no pueden estar condenados a vivir y morir en la pobreza”, dijo. Sin embargo, ninguno de sus programas se encaminó a generar empleos, mucho menos a asistir a las personas más vulnerables. Los índices de desarrollo humano comenzaron a disminuir sensiblemente, según lo registró el PNUD de las Naciones Unidas. Al cabo de su mandato más de un millón de salvadoreños habían emigrado hacia los Estados Unidos, Canadá y Australia. Asimismo, el crimen organizado y la delincuencia tenían vía ancha para sus operaciones mafiosas. La corrupción y el contrabando se profundizaron. Con el régimen de Francisco Flores, la situación económica y social de los salvadoreños se deterioró totalmente. Con sus publicitadas “alianzas solidarias” también se festejó la demagogia y la mentira. El golpe de gracia para el pueblo llegó con la ley de Integración Monetaria conocida como “dolarización”. De la noche a la mañana desapareció nuestra moneda, el colón, y los precios de los productos de consumo básico, como los frijoles, el maíz, el arroz, la leche, los huevos y legumbres se dispararon. Como bien apuntaron los economistas “se gana en colones y se paga en dólares”. El Banco Central de Reserva simplemente pasó a ser un “elefante blanco”, sin política monetaria ni posibilidades de controlar el mismo sistema de ahorros en los bancos nacionales, ahora en poder de las grandes compañías internacionales. La corrupción era un río interminable. Con el gobierno de Antonio Saca también se repitieron las consignas de “trabajar por los más pobres y marginados” de este país. El signo y el mayor acento de este régimen estuvo marcado por la millonaria campaña publicitaria más enfocada a favorecer la imagen presidencial que a celebrar obras en beneficio de las mayorías poblacionales. Rápidamente nos ubicamos como el primer país de América Latina en menos inversión en desarrollo social. Los índices bajaron sensiblemente según lo registraron organismos especializados en el tema como la CEPAL y el PNUD. Los fondos del Milenio estaban en peligro y el régimen puso en marcha uno de los programas más demagógicos de que se tenga memoria en este país: Red Solidaria, supuestamente para favorecer con ¡15 dólares! mensuales a las familias en extrema pobreza de El Salvador. Este nefasto personaje heredó al nuevo gobierno un Estado en total bancarrota. De forma breve hemos apuntado el triste, amargo y patético “trabajo” a favor de la población desarrollado por los cuatro regímenes areneros. Al cabo de veinte años, los salvadoreños más vulnerables y humildes, parecen los actores de una dramática epopeya, pues muchas de nuestras comunidades pueblerinas y rurales siguen viviendo como en tiempos del feudalismo y el esclavismo, postrados ante los mismos altares, sometidos a los mismos tipos de hombres, en distintas generaciones, que sus ancestros conocieron. La oligarquía hereda sus apellidos, sus privilegios y las relaciones nacionales e internacionales para continuar atesorando riquezas y manteniendo el control político y económico de los pueblos. Los mínimos cambios y reformas en el aparato gubernamental únicamente han servido para alargar el mandato y el poderío de la burguesía, nunca para favorecer a los desheredados, a los más vulnerables de la sociedad. El mismo modelo económico está diseñado para la concentración de la riqueza en pocas manos y para multiplicar la miseria entre las mayorías poblacionales. Los políticos y ex funcionarios de Arena son los menos indicados para evaluar los primeros 100 días del actual gobierno, no tienen legitimidad ni autoridad moral pues en veinte años únicamente se dedicaron a saquear las arcas del Estado, a repartirse privilegios, a favorecer a los monopolios y empresas extranjeras, a la concentración perversa de la riqueza en pocas manos; en fin, a implantar un modelo económico neoliberal absurdo y en esencia contrario a las aspiraciones de progreso de miles de personas. En cuatro lustros no hicieron nada para resolver el problema de la concentración de la tierra y quizás en forma demagógica entregaron algunos títulos de propiedad de parcelas a sus militantes que por supuesto no resolvieron el problema de los campesinos, ni nuestro abastecimiento de alimentos y de materias primas. Se terminaron algunos latifundios cafetaleros y azucareros, únicamente para transformarlos en zonas habitacionales. Las minorías de la pequeña burguesía provinciana fue levemente golpeada, pero nuevos ricos y explotadores los han sustituido, pues si algo han dominado a la perfección los empresarios areneros, es el negocio y el mercantilismo. Por eso resulta insultante que personas como el ex presidente Alfredo Cristiani, venga ahora a cuestionar y fustigar las políticas del nuevo régimen: desde luego que como ciudadano tiene todo el derecho a analizar y criticar al FMLN y a Mauricio Funes; pero desde las realidades afrontadas por este pueblo, no tiene ni la más mínima autoridad moral para hacerlo. Sólo baste señalar que durante su administración, en el año 1990, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de saneamiento de los bancos estatales que habían quebrado porque no recuperaron muchos de los préstamos otorgados a grandes empresarios durante los años ochenta. La ley incluía la creación de un Fondo de Saneamiento Financiero (FOSAFI) con recursos del Banco Central de Reserva (BCR), que es un banco del Estado. Dos años después, el gobierno privatizó los bancos saneados. El monto a favor de los “nuevos dueños”, como Cristiani, fue de 705 millones de dólares.

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