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Arzobispo respalda juicio por corrupción a ex director de la empresa salvadoreña de agua potable

Agencia ACAN-EFE. Desde San Salvador. | 19 de Noviembre de 2006 a las 00:00
El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, afirmó este domingo que el ex presidente de la empresa estatal de agua potable (ANDA) Carlos Perla, detenido en Francia bajo cargos de corrupción, "desde hace meses" debió haber sido extraditado al país. El prelado manifestó, en una rueda de prensa, que "creo que hace bastantes meses que debería (Perla) de estar por aquí y me parece que es lógico que, según los datos que se tienen ha habido un delito de malversación de fondos, lógico es que el gobierno haya hecho todo lo posible para conseguir la extradición". Añadió que espera que en El Salvador "se le haga un juicio justo" a Perla, ya que "al fin y al cabo el dinero que se ha perdido es del pueblo y estaba destinado para un servicio básico, como es el agua potable". Perla se encuentra detenido en Francia desde enero de 2004 y tras la notificación oficial de las autoridades a la embajada de El Salvador en París sobre su decisión de extraditarle el gobierno salvadoreño ha iniciado los trámites correspondientes, según ha informado el presidente del país, Elías Antonio Saca. El mandatario ha garantizado seguridad a Perla, cuyo plazo para extraditarle vencerá el 15 de diciembre próximo. Consultado el arzobispo sobre el trato que debe recibir Perla en el país y la posibilidad de que le pudiese conceder arresto domiciliario, dijo que "es un ciudadano y debe ser tratado como tal". Indicó que como ciudadano salvadoreño tiene "los mismos derechos que tiene hasta el último que ha sido apresado por delitos semejantes, no creo que haya que hacer excepciones". Sáenz Lacalle dijo que si hay otras personas que puedan estar vinculadas con el caso de corrupción en ANDA, además de las señaladas hasta ahora, es obligación del Estado extender las investigaciones hacia ellas. "Si hay razón de ser por los datos que se tienen, las investigaciones y las declaraciones que se consigan, todos los implicados deben ser juzgados porque el dinero ha salido del fondo de la población", remarco. Añadió que el servicio de agua potable en el país "ha sido deficiente durante muchos años y además es un servicio necesarísimo para la buena salud de todo el pueblo, por lo tanto es un delito gravísimo haber defraudado".

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