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Restringen uso de armas en sitios públicos de El Salvador

Agencias AFP y ACAN–EFE. Desde San Salvador. | 8 de Diciembre de 2006 a las 00:00
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas legales para restringir el uso de armas de fuego en lugares públicos, para intentar detener la escalada de violencia que, en los primeros 10 meses de 2006, registra más de 3.000 homicidios. La noche del jueves, el Parlamento aprobó por 80 votos de los 84 diputados que lo integran, dos reformas a la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, mediante las cuales los legisladores de todos los partidos decidieron prohibir la portación de armas en instituciones públicas, centros sociales, culturales y educativos, restaurantes, hoteles, bares, billares, parques ecológicos y de diversión, gasolineras, entre otros. Sin embargo, no se vetó portar armas en las calles y aceras del país. "Lo que se ha hecho es permitir que las autoridades de seguridad pública, junto al Ministerio de Defensa, se pongan de acuerdo con las alcaldías en qué zonas y lugares de los municipios se prohibiría, en forma temporal, la portación de armas de fuego cuando así se requiera, ya sea por prevención o por alta incidencia delincuencial", aseguró el diputado Antonio Almendariz, legislador del derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN). Otra de las reformas aprobadas por los legisladores a la misma Ley de Armas amplió los lugares públicos donde estará prohibido el porte de armas de fuego. "Estas medidas son necesarias porque realmente el gobierno no tiene la capacidad de frenar la violencia, y por tanto esperamos que lo que hemos aprobado, que son las reformas a la Ley de Armas, pueda ser útil contra este problema de inseguridad", sostuvo por su parte el diputado Benito Lara, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Las reformas legislativas responden a una propuesta presentada por la Comisión Nacional de Seguridad Pública y Paz Social, creada hacer tres semanas por el Ejecutivo, para que se estableciera la prohibición de porte de armas de fuego en todo el país, pedido que se quedó corto a juzgar por lo aprobado. La comisión está integrada por representantes de universidades, iglesias, partidos políticos y asociaciones empresariales. En El Salvador se han registrado cerca de 13.000 asesinatos desde 2003, un 85% cometidos con armas de fuego, según informó esta semana el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La violencia, según encuestas, es el principal problema que ha abatido a los salvadoreños a lo largo del año. Según la Policía Nacional Civil (PNC), de enero a octubre hubo un total de 3.076 homicidios, superando los 3.043 del mismo período de 2005. Otra reforma a la ley se refiere a que serán los gobiernos de los 262 municipios del país los que presentarán sus planes específicos para prohibir a los ciudadanos de su jurisdicción que porten armas en los sitios públicos señalados por la ley, los cuales deberán ser aprobados por los ministerios de Seguridad Pública y Defensa. La aprobación del decreto contó con la aprobación del Frente Farabundo Martí para la Liberaciòn Nacional (FMLN), a pesar de que el partido considera insuficientes esas medidas para controlar las cerca de medio millón de armas de fuego que existen en el país en manos de civiles, de ellas un 60 por ciento ilegales. El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, se manifestó satisfecho con las reformas legislativas e informó de que sancionará el decreto inmediatamente después de que lo reciba. "Yo estoy totalmente de acuerdo, evitar que la gente llegue a un bar, a una iglesia con armas es positivo, nadie tiene que andar armado en un lugar público", expresó el gobernante, en una rueda de prensa. Sin embargo, reiteró que no está de acuerdo con que se prohíba la tenencia de armas a civiles, sino que se exija que sean legalizadas. Saca aseguró que la policía se dedicará a decomisar las armas ilegales y las legales que sean portadas en los sitios vetados. Indicó que con esas medidas y los cambios que se han hecho con la creación del ministerio de Seguridad Pública y Justicia se fortalecerá la lucha contra la delincuencia y se reducirá el índice de violencia. El diputado Salvador Sánchez Cerán, jefe del grupo parlamentario del FMLN, dijo este viernes en una entrevista con el canal 33 de televisión que el nombramiento del ministro de Gobernación (Interior), René Figueroa, en el nuevo ministerio de Seguridad "no significa un cambio para mejorar efectivamente la situación de seguridad". "Este gobierno tiene la lógica de aquellos machos (caballos) que le ponen ataderas en los lados de la cabeza para que sólo vean al frente y pierden la vista de todo el fenómeno", expresó el diputado. Sánchez Cerén dijo que la población "ha perdido la confianza y está desesperada" y "es un mal mensaje que para enfrentar los retos de la seguridad no haya nadie que lidere porque es al gobierno al que le compete, pero está obsesionado con una política fracasada".

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