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Sociedad civil de Guatemala clama por mayor seguridad en las calles

Agencia AFP. Desde ciudad Guatemala. | 9 de Diciembre de 2006 a las 00:00
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala entregó el viernes al gobierno de Oscar Berger un pliego de peticiones, en el que aboga por mayor seguridad en las ciudades ante la ola de violencia que azota al país. "Hemos elaborado una agenda de derechos humanos que tiene posicionamientos en temas de discapacitados, medio ambiente, adultos mayores, género, entonces dependiendo del tema varían las propuestas, hay cerca de 170 conclusiones y hay cerca de 70 recomendaciones", afirmó Morales a la AFP. No obstante, el tema de la inseguridad que vive el país y que este año hasta el 12 de octubre había cobrado la vida de 4.857 guatemaltecos, según estadísticas oficiales, es el que más preocupa a la sociedad civil, de acuerdo con la información proporcionada por el titular de la PDH. "En la agenda nacional de derechos humanos, se hace un llamado a la lucha contra el feminicidio, la reducción de la violencia, el apoyo a las reivindicaciones de los adultos mayores, el fortalecimiento del pacto fiscal", destacó el PDH. Según Morales entre las posturas que fueron propuestas por diversos sectores del campo y la ciudad, se piden actitudes políticas institucionales para afrontar los problemas del país, partiendo del principio de que es la sociedad la que debe explicar cuáles son sus problemas y sus posibles soluciones. El magistrado de conciencia explicó, además, que la presentación del documento forma parte de la conmemoración en Guatemala del 58 aniversario de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se celebrará este domingo. El documento destaca en el tema de seguridad que la participación ciudadana se ve limitada por prácticas excluyentes, discriminatorias y descalificadoras, por diversas situaciones entre las que sobresalen la corrupción y el tráfico de influencias. Además, unos 4.700 participantes en los distintos foros concluyeron que no existe una política definida sobre seguridad, así como tampoco planes concretos y eficientes para la prevención del delito, aparte de ubicar la pobreza como la causante de la inseguridad, insalubridad, mortalidad y desempleo. En este sentido, la sociedad civil recomienda, entre otras cosas, supervisar la elaboración y aplicación de planes de desarrollo sostenible en las llamadas zonas rojas, convocando a un servicio social, pues a su criterio el problema de la seguridad debe atenderse de forma integral. Los participantes también están dispuestos a vigilar y verificar que el Estado provea los mecanismos de seguridad pública, considerando la competencia de los diferentes ministerios e instituciones, para que cumplan con su cometido, pasando por el tamiz de la participación social. "Nosotros vamos a entregarla al gobierno de la República y a los líderes políticos nacionales, especialmente a aquellos que están en el proceso electoral para que tengan en sus manos un documento que nosotros hemos llamado la agenda nacional de derechos humanos, con la idea que de él pueda salir una política pública en la materia", agregó Morales.

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