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Revuelo en Guatemala por acusaciones de funcionario ONU

Ciudad Guatemala. PL. | 8 de Junio de 2010 a las 00:00
Enorme revuelo provoca este martes la renuncia del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, pero lo más relevante son sus graves acusaciones al recién nombrado fiscal general, Conrado Reyes. Castresana anunció la víspera la renuncia a su cargo y que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la había aceptado. Al propio tiempo, el jurista español dijo que pidió al presidente guatemalteco, Alvaro Colom, la destitución del nuevo fiscal general por supuestos vínculos con el narcotráfico y otras actividades ilegales. El renunciante titular del CICIG afirmó que Reyes, quien también tiene a su cargo el Ministerio Público (MP), posee un historial de corrupción y nexos con agrupaciones ilícitas y que desde su llegada a esa responsabilidad se dedica a debilitar la labor de la CICIG. Inmediatamente Reyes convocó a una conferencia de prensa para negar las acusaciones, calificó al jurista de irresponsable y lo retó a presentar pruebas que sustenten sus acusaciones. La designación del fiscal general corrió a cargo del mandatario de entre una candidatura de seis propuesta por la comisión de postulación para el caso. Castresana basó su decisión de abandonar la dirección de la CICIG en los incesantes ataques en su contra y del grupo de las Naciones Unidas en su conjunto, así como en el incumplimiento del Estado guatemalteco de su compromiso para combatir la impunidad. Una vez conocidas las imputaciones del español, organizaciones de variados sectores de la sociedad pidieron a Colom demostrar su compromiso contra la impunidad con la destitución de Reyes. En ese contexto se pronunció, entre otras personalidades, la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, quien argumentó la gravedad de lo revelado por Castresana, cuya exigencia de cesar al fiscal general dijo hacerla propia. Activistas como Helen Mack, además encargada de una comisión presidencial para reformar la Policía Nacional Civil (PNC), confirmaron la falta del apoyo imprescindible a la CICIG en algo más de dos años y medio de actividad en el país. Creada por acuerdo del gobierno guatemalteco y la ONU, la CICIG es un órgano de apoyo al Ministerio Público, la PNC y otras instancias del Estado, a cuya administración hace recomendaciones sobre políticas públicas, mecanismos y procedimientos para erradicar los grupos ilegales. Castresana ha denunciado en más de una ocasión la penetración por agrupaciones mafiosas en las más elevadas esferas del país, incluso con aparatos clandestinos que ejecutan actos violatorios de los derechos humanos. Con un mandato original de dos años, a partir de 2007, la Comisión lo tiene prorrogado hasta septiembre de 2011 por solicitud del gobierno guatemalteco.

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