El gobierno español condenó este miércoles los "ataques sistemáticos" que llevaron a renunciar el lunes al jurista español Carlos Castresana como Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano dependiente de la ONU encargado de acabar con la corrupción del sistema judicial.
El gobierno socialista español "condena los ataques sistemáticos de los que ha sido objeto en los últimos meses, cuyo objetivo, sin lugar a dudas, ha sido y es deslegitimar los trabajos y logros de la Comisión", indicó en un comunicado el ministerio español de Asuntos Exteriores.
El ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "lamenta profundamente", según el comunicado, la renuncia del español, quien el lunes dejó el cargo tras alegar "ataques sistemáticos" contra él y la institución.
El gobierno "quiere hacer público su reconocimiento al señor Castresana" y "valora la dedicación y el compromiso que ha demostrado" en el cargo, en el que "ha realizado una excelente labor con unos resultados encomiables", subrayó.
"Además de contribuir al esclarecimiento de casos muy complejos de gran impacto social, como el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, ha impulsado la adopción de importantes medidas para combatir la impunidad en Guatemala", destacó.
El ejecutivo indicó que "seguirá apoyando a la CICIG" para "fortalecer el sistema de seguridad y justicia en Guatemala" y dijo confiar en que "la Comisión continúe desarrollando su trabajo con la eficacia con la que, hasta ahora, ha venido actuando".
Según la Cicig, el 98% de los casos que llegan a tribunales quedan sin sanción.
El gobierno guatemalteco también lamentó la renuncia de Castresana, que estaba en el cargo desde 2007 y tenía contrato hasta 2011. El gobierno francés destacó este miércoles la labor del jurista español en la CICIG.
Castresana, de 53 años, impulsó en 1996 en España las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras de Chile (1973-90) y Argentina (1976-83).