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Diputados panameños reforman polémico paquete de leyes

Ciudad Panamá. Acan-efe. | 12 de Junio de 2010 a las 00:00
La Asamblea de Diputados de Panamá aprobó este sábado en tercer y último debate reformas a un polémico paquete de leyes referentes al ambiente, aviación civil, policía nacional y a los código del trabajo, penal y judicial, informaron fuentes parlamentarias. Con 42 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, el Parlamento aprobó, bajo estrictas medidas de seguridad, este paquete de leyes en sesiones extraordinarias, que habían sido convocadas el mes pasado por el Ejecutivo, "para aligerar el desarrollo del país". Diferentes sectores de la sociedad panameña han expresado su disconformidad con la forma de incluir diversas reformas en un solo paquete al que han denominado "ley chorizo", y por su escasa discusión antes de someterla a los debates en el Parlamento. El vicepresidente y canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, reconoció en RPC Radio que los ministros y representantes de las entidades deben explicar con profundidad las partes positivas que traerán para el país las reformas aprobadas en tercer debate. El diputado oficialista Miguel Ángel Fanovich defendió el proyecto gubernamental y criticó a los detractores de estas leyes, que "se han creado para el beneficio del desarrollo" de Panamá. Por su parte, el diputado por el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Abraham Martínez dijo en el Parlamento que las leyes aprobadas "violentan el ordenamiento procesal de como se hacen las leyes en Panamá y pueden traer confrontaciones". Una de estas nuevas medidas es la modificación de la ley general de ambiente que indica que las obras del Estado que sean declaradas de interés social por el Consejo de Ministros no tendrán que tener estudio de impacto ambiental. Solo deberán acogerse a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, de la Autoridad del Ambiente. Para los defensores del ambiente, esta modificación de la ley constituye una violación de tratados internacionales suscritos y ratificados por Panamá, que exige que el país mantenga y no desmejore sus estándares ambientales. La directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alida Spadafora, dijo a periodistas que la aprobación de proyectos sin previo estudio de impacto ambiental causa daños a la naturaleza. Sobre la reforma al Código de Trabajo, se garantiza la operatividad de las empresas durante huelgas, además se suspenden los contratos de los obreros en huelga y el empleador puede hacer contratos para no interrumpir las operaciones de la empresa. La policía garantizará la protección de las personas y propiedades. El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, dijo a Acan-Efe que estas reformas al código del trabajo ha sido inconsultas y que eliminan prácticamente el derecho a huelga. López dijo que los trabajadores se sienten burlados y que esta nueva medida será denunciada ante los tribunales nacionales e internacionales. Sobre la regulación de la aviación civil, una de las medidas contempla en que el Ministerio de Trabajo podrá autorizar el ejercicio temporal de funciones de personal extranjero hasta en un 15% del número total de trabajadores de las aerolíneas. En relación a la ley orgánica de la policía nacional, la nueva medida señala que no se podrá ordenar la detención preventiva de un policía por la comisión de un delito ejecutado en horas laborales. Durante la investigación solo deberá asumir funciones administrativas. Según dirigentes sindicales y otros sectores de la sociedad panameña, esta medida es considerada como "una puerta abierta a la impunidad". Sobre el Código Penal, una persona por alterar o modificar un pasaporte panameño, una cédula de identidad, licencia de conducir o visas será sancionado con prisión de cinco a diez años. En la actualidad la pena es de cuatro a ocho años. Además se aumenta de 15 a 20 años de prisión para quien ejecute actos de tráfico de seres humanos. Sobre el Código Judicial, se ordena como obligatoria la práctica de un examen de ADN a la persona investigada o imputada por la comisión de un hecho punible. Para Esmeralda de Troitiño, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, "incluir tantas leyes en una sola no es adecuada, pues se aparta de la técnica legislativa y lo único que generan es que su aplicación crea confusión", subrayó.

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