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Fiscal costarricense amenaza con irse ante inusual decisión judicial

San José. nacion.com | 15 de Junio de 2010 a las 00:00
El fiscal general, Francisco Dall’Anese, amenazó el lunes con renunciar si la Corte no interviene en la decisión del Consejo Superior del Poder Judicial de frenar el traslado de dos altos funcionarios del Ministerio Público. El jerarca asegura que la decisión de cambiar de puesto a la fiscal adjunta de Delitos Económicos, Patricia Cordero Vargas, y al fiscal adjunto Agrario Ambiental, José Pablo González, se basó en el reglamento “Normas de control interno para el sector público”. Este se publicó en La Gaceta el 26 de enero del 2009. Los dos fiscales pidieron en mayo al Consejo (integrado por la presidencia de la Corte, así como por representantes del Colegio de Abogados, la Judicatura y el Poder Judicial) suspender el acto. Así se ordenó en la sesión del 27 de mayo pasado. “Luego de analizar las razones de oposición de los fiscales, que solicitan se suspenda al acto de traslado ordenado, este Consejo considera necesario acoger esa gestión de suspensión y trasladar a conocimiento del señor Fiscal General de la República las argumentaciones que han esgrimido los señores fiscales”, acordó el Consejo. De acuerdo con Dall’Anese, sólo la Sala Constitucional o la Jurisdicción Contenciosa Administrativa tienen potestad para modificar decisiones adoptadas por el Fiscal General. A raíz de la resolución del Consejo, Dall’Anese -a quien contactó La Nación en los Estados Unidos- envió a los magistrados una carta para advertir que dejará su cargo “si no arreglan esta situación” pues estima que la medida atenta contra la potestad que la ley le confiere. “Lamento que la Corte no haya tomado en serio el tema; hay indiferencia. Esperaré un tiempo prudencial. Si la Corte permanece indiferente, yo estaría renunciando al puesto de fiscal general”, anunció. En abril, Dall’Anese ordenó una primera movilización y por eso rotó a los fiscales adjuntos de Heredia, Alajuela y San Ramón. El 19 de ese mes, 37 fiscales y auxiliares judiciales suscribieron un documento en el que hablaron de su preocupación por “la alteración y afectación directa que la prestación del servicio puede tener”. El Consejo advirtió que, si bien el Fiscal General tiene esa potestad, “esto no exime de la obligación de motivar sus decisiones, considerando el carácter excepcional de la potestad discrecional y la posible afectación de derechos”. Dall’Anese hizo los otros cambios el 18 de mayo. Cordero fue enviada a la Fiscalía Agraria Ambiental; González a la Segunda Fiscalía Adjunta de San José. Empero, el acto quedó en suspenso, a la espera de que el Fiscal General justifique su decisión. Los fiscales González y Cordero fueron vehementes en sus razonamientos ante el Consejo. “La solicitud que planteo no cuestiona las potestades y competencias conferidas al Fiscal General. El motivo real de mi solicitud es, precisamente, el aseguramiento del buen servicio público. “La resolución no toma en cuenta aspectos esenciales de oportunidad (...), aprovechamiento de las capacidades y eficacia en las funciones”, detalló José Pablo González. Este último fue fundador, en 1993, de la Fiscalía Ambiental. Se especializó en Derecho Internacional Ambiental en la Universidad George Washington, Estados Unidos. González consideró su traslado un “desperdicio de recursos”. Además, pidió que se conozcan “las razones por las que fuimos elegidos (González y Cordero) sin un plan previo”. La fiscal de Delitos Económicos, Patricia Cordero, también elevó la voz. “No logramos entender cuál es la afinidad que existe entre las funciones desempeñadas por quien suscribe, como fiscal de Delitos Económicos, con la materia Agrario Ambiental que se me pretende asignar”, manifestó. La funcionaria sostiene que los cambios se ordenaron “a dedo” y con “absoluta falta de transparencia”.

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