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Guatemala dice que cerrar mina tomará tres meses

Ciudad Guatemala. EFE. | 26 de Junio de 2010 a las 00:00
El vicepresidente, Rafael Espada, dijo este sábado que la suspensión de las actividades de la mina Marlín, propiedad de la canadiense GoldCorp, podría demorarse más de tres meses, debido a que "hay que cumplir con muchos trámites". Espada dijo a periodistas que cerrar la mina "no es una cosa fácil", porque se debe cumplir con "requisitos legales" y que mientras este proceso concluye, la mina continuará con la explotación de oro y plata. El miércoles, el Gobierno anunció su decisión de acatar la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que el pasado 21 de mayo ordenó suspender de forma "cautelar" la explotación de la mina Marlín, ubicada en el departamento de San Marcos, al oeste del país. Además de suspender las operaciones de la mina Marlín, propiedad de Montana Exploradora, subsidiaria de la multinacional canadiense GoldCorp, la CIDH también ordenó al Estado guatemalteco otorgar medidas cautelares a favor de los pobladores de las comunidades indígenas de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, vecinas a las áreas de explotación. Según la Comisión de la Organización de los Estados Americanos, la mina Marlín ha causado daños a la salud de los pobladores de esas comunidades, así como a sus fuentes de agua y al medio ambiente. El Gobierno rechaza esos señalamientos y asegura que los diversos estudios científicos que han realizado los Ministerios de Salud, Ambiente y Energía y Minas contradicen esas afirmaciones. Se tiene previsto que en julio próximo llegue al país una misión de técnicos y especialistas de la CIDH para estudiar el impacto real que la mina, fuertemente rechazada por los pobladores. La mina Marlín opera en el país desde 2008, con una inversión de 250 millones de dólares, y según cifras oficiales en promedio cada año produce 250.000 onzas de oro y 3,5 millones de onzas de plata. La oficina de GoldCorp para Centroamérica, por medio de un comunicado rechazaron la decisión del Gobierno, y exigieron que se cumpla "el debido proceso" debido a que "no existen" evidencias contundentes de la supuesta contaminación.

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