Panamá: Los culpables de la crisis

El primer año de gobierno del presidente Ricardo Martinelli en Panamá llegó seguido de un estallido social en la provincia de Bocas del Toro, cuyas causas apuntan a medidas antipopulares del ejecutivo.

Diez días de enfrentamientos entre obreros bananeros y unidades antimotines terminaron con un saldo oficial de dos muertos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos con lesiones en la vista debido a los perdigones utilizados por la policía.

Mientras, dirigentes del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) indicaron que sus cifras apuntan a seis víctimas fatales, entre ellas tres menores.

Al intentar una explicación del conflicto, el gobierno mencionó la participación de fuerzas ajenas al sector del banano que se dedicaron a estimular a los trabajadores para lanzarlos a la calle y crear tensiones en la ciudad de Changuinola.

Otro de los argumentos oficiales apunta precisamente al PRD, para lo cual las autoridades se apoyan en una grabación de uno de los líderes de ese colectivo donde supuestamente exhorta a los manifestantes a mantenerse en las calles.

En sus intervenciones relacionadas con los hechos, Martinelli también incluyó entre los responsables al Sindicato de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS).

Sin embargo, los principales reclamos de las organizaciones sindicales buscan la derogación de la ley de aviación -también llamada Ley 30-, sancionada por el ejecutivo hace unas semanas a pesar del rechazo generalizado que encontró en la sociedad panameña.

Para los analistas, esa normativa fue precisamente la causa principal de la huelga en Bocas del Toro, si bien desde el gobierno se señala que los cuestionamientos a la misma obedecen a su escasa divulgación.

Presentada inicialmente como un instrumento a favor de la actividad aeronáutica, la norma incluyó finalmente cambios a tres códigos (Laboral, Penal y Judicial) y seis leyes orgánicas del país.

Entre los puntos mas criticados esta la eliminación de la obligatoriedad en el pago de la cuota sindical, unido a medidas que atentan contra el derecho a huelga.

Asimismo, se retira el requisito de estudios de impacto ambiental para aquellos proyectos que sean declarados de interés del estado, entre otros aspectos.

El estallido en Changuinola llevó a un acuerdo entre el gobierno y los obreros para la suspensión por 90 días de tres de los artículos de la ley, sin que ello implique su eliminación.

Al respecto, Martinelli descartó cualquier posibilidad de derogar la normativa, lo cual constituye la principal demanda de los gremios sindicales, grupos ambientalistas, estudiantes e indígenas, entre otros sectores.

    

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