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Crimen de abogado allana camino a la investigación científica

Ciudad Guatemala. Agencias. | 16 de Julio de 2010 a las 00:00
Las pesquisas para esclarecer el crimen del abogado Rodrigo Rosenberg en 2009 allanaron el camino de la investigación científica para la justicia de Guatemala, que condenó a los nueve autores materiales del asesinato que conmovió al país en base a pruebas "contundentes". Un tribunal condenó el jueves penas de entre 8 y 48 años de prisión a los nueve inculpados por el homicidio, que causó una crisis política porque la víctima había acusado en un video de su segura muerte al presidente Alvaro Colom. Para determinar que el propio Rosenberg había planificado su asesinato, los investigadores de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entidad creada por la ONU que apoya a la justicia local, hicieron múltiples indagaciones y revisaron miles de registros telefónicos. Los investigadores finalmente determinaron que 5.941 llamadas estaban relacionadas con el crimen, de las cuales 3.345 correspondían al teléfono de uno de los condenados el jueves: William Santos Divas. Para llegar a los responsables del crimen, los investigadores analizaron los recorridos de diferentes vehículos, apoyados en las imágenes captadas por cámaras de la Empresa Municipal Reguladora del Transporte, así como de sistemas privados de seguridad. "Este caso constituyó un reto para la justicia guatemalteca y fue una prueba de fuego para la Cicig", afirmó en el juicio Lucía Margarita Prera, la representante de esa comisión internacional. Días antes del crimen, perpetrado el 10 de mayo de 2009, Rosenberg había grabado un video en el que acusaba de su segura muerte al presidente Colom, a la primera dama, Sandra Torres, y a su secretario privado, Gustavo Alejos. El video se difundió el día del funeral del abogado y pocos días después miles de guatemaltecos estaban en las calles, unos para exigir la renuncia del gobernante y otros para respaldar su inocencia. Los ánimos siguieron exaltados hasta que el jefe de la Cicig, el jurista español Carlos Castresana, anunció que su entidad investigaría el crimen y no descansaría "hasta llegar al final sin importar quienes son los responsables". Cuatro meses después del crimen, las pesquisas dieron sus frutos, pues las autoridades detuvieron a los nueve sospechosos que fueron condenados el jueves. En enero Castresana presentó las conclusiones preliminares de la investigación, revelando que Rosenberg, sumido en una profunda depresión, había planificado su asesinato. Durante el juicio, el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Impacto escuchó los testimonios de 78 personas, entre testigos, peritos, investigadores y fiscales. Los jueces del Tribunal destacaron que las pruebas presentadas por los acusadores eran "contundentes", y condenaron a los nueve inculpados. "Vemos con satisfacción que se haya actuado con justicia en este caso y que los responsables vayan a prisión como les corresponde. Quisiéramos que los tribunales actuaran así en todos los casos", afirmó Carmen Rosa De León, directora del privado Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible. Por este caso también están detenidos en espera de juicio dos hermanos, los empresarios Francisco José y José Estuardo Valdés Paiz, quienes se entregaron el 28 de junio, tras permanecer prófugos seis meses. Ambos están acusados de haber conseguido los sicarios para perpetrar el crimen, por petición de Rosenberg, quien les dijo que el blanco no era él, sino un extorsionador. Otro empresario, Diego Moreno Botrán, acusado de encubrir a los hermanos Valdés Paiz, se entregó el 7 de julio, pero esta semana quedó en libertad provisional.

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