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Human Rights Watch denuncia impunidad tras golpe de estado en Honduras

Ciudad de México. CIMAC. | 24 de Diciembre de 2010 a las 00:00
Human Rights Watch (HRW) llamó al gobierno de Honduras a terminar con la impunidad en la que permanecen las agresiones en contra de periodistas, defensores de derechos humanos (DH) y activistas políticos, que en esa nación continúan a un año y medio del golpe de Estado. En el informe, “Después del Golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras”, HRW sostiene que hasta que las autoridades hondureñas sancionen a los responsables de la violencia en contra de opositores al régimen actual, “podrá restablecerse la confianza en el sistema democrático del país”. Para lograrlo, HRW indica que el gobierno de Honduras, encabezado por Porfirio Lobo Sosa, debe tomar medidas concretas para que los agresores rindan cuentas y para que este tipo de acciones no se repitan. El informe documenta 47 casos de amenazas y ataques, incluidos 18 asesinatos contra periodistas, defensores de DH y activistas políticos que ocurrieron después de que Lobo Sosa asumió el poder en enero pasado. La falta de sanciones, sumada a la violencia y a las amenazas continuas, “han logrado inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y la participación política en esta nación”, sobre todo entre quienes se opusieron al golpe de Estado, menciona HRW. Después del golpe de Estado, que inició en junio de 2009, las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de DH, como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, así como la imposición de restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y de reunión. Por estos hechos, ninguna persona ha sido condenada penalmente, a pesar de que la Fiscalía Especial de DH del Ministerio Público presentó acusaciones fiscales en 20 casos de presuntas violaciones a las garantías individuales, cometidas durante el gobierno de facto. De acuerdo con el informe de HRW, los “limitados avances” se deben a que otras instituciones del Estado no apoyaron la labor de dicha Fiscalía, sobre todo durante las primeras etapas de las investigaciones realizadas en 2009. HRW comprobó que las fuerzas de seguridad obstruyeron la investigación de abusos cometidos tras el golpe, ya que se negaron a entregar armas para efectuar pruebas de balística, no respondieron a pedidos de información que tenían por objeto identificar a policías acusados de cometer abusos y tampoco permitieron el acceso a instalaciones militares. Otros obstáculos que enfrentó la Fiscalía son la falta de recursos y su dependencia con la policía de investigación, la cual carece de la autonomía necesaria para realizar “investigaciones imparciales de las violaciones de DH cometidas por las fuerzas de seguridad”. Una barrera más para que las personas agredidas reciban justicia es la falta de recursos para el funcionamiento del Programa de Protección a Testigos, que el gobierno de Porfirio Lobo no ha asignado. Desde que Lobo Sosa asumió el poder, se produjeron al menos 18 asesinatos de periodistas, defensores de DH y activistas políticos, en circunstancias que sugieren que los crímenes responden a “motivaciones políticas”. Uno de ellos, es el homicidio de Julio Benítez, un opositor al golpe que recibió múltiples amenazas telefónicas en las cuales se le advertía que dejara de participar en grupos de oposición. El activista fue asesinado en febrero pasado por un grupo de hombres armados. De igual modo, HRW documentó 29 casos de amenazas y ataques contra periodistas, defensores de DH y activistas políticos. Ejemplo de ello, es la amenaza que recibió Ismael Moreno, un defensor sacerdote jesuita, quien recibió un mensaje de texto, en el que lo amenazaban con matar a familiares de una opositora al golpe, quien anteriormente fue violada por policías. El sacerdote había ayudado a esta mujer y a su familia en su intento por abandonar Honduras. Las constantes agresiones y la falta de acceso a la justicia, “han fomentado un clima de temor que ha socavado el ejercicio de libertades básicas en el país”, asegura el informe de HRW. Prueba de ello, es que una activista política mencionó a este organismo internacional que se vio obligada a abandonar su actividad política luego de que ella y sus hijas fueron abordadas por un grupo de hombres armados. Para transformar esta realidad, HRW recomendó a las autoridades hondureñas, que apoyen a la Fiscalía Especial de DH mediante la dotación de fondos adicionales para que su labor se prolongue hasta después de 2011. También debe garantizar la colaboración de militares y policías con las investigaciones en curso y asignar recursos al Programa de Protección a Testigos, el cual no ha recibido financiamiento específico desde su creación. Además le recomendó crear una Comisión Internacional de Investigación que realice pesquisas “exhaustivas” de los abusos cometidos después del golpe y de las amenazas y los ataques contra periodistas, defensores de DH y activistas políticos que continúan ocurriendo.

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