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Demuestran contaminación de las aguas por parte de mineras en Honduras

Agencia PL. Desde Tegucigalpa. | 6 de Febrero de 2007 a las 00:00
La explotación en el complejo minero hondureño de San Juancito dejó exageradas concentraciones de contaminantes en las fuentes de abasto de agua de esa zona, denunció este martes el Centro de Estudios y Control de Contaminantes. Una investigación practicada en el área demostró la exagerada presencia de hierro, aluminio y acidez, en los afluentes de la Quebrada Amarilla, de la montaña El Carrizal y otros lugares del occidental Valle de los Angeles. Los técnicos asignados a los laboratorios de esta institución, adscrita a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, determinaron que la calidad del agua no es apta para el consumo de la población. La polución, por efecto de la negligencia de las empresas extranjeras del sector, provocó la destrucción de los dientes, enfermedades del hígado y alzheimer, a cientos de pobladores de cinco aldeas del lugar, precisó Danelia Sabillón, directora de la entidad. El envenenamiento de las aguas también causó la muerte de varios recién nacidos y adultos, enfermedades en la piel y la destrucción de tuberías y tanques de cemento, añadió. Los investigadores y más de siete mil pobladores del área culparon a la empresa canadiense Entremares y a sus homólogas de la intoxicación del medio ambiente en Honduras. Con total impunidad, esta empresa norteña probablemente trasladó sus instalaciones a Guatemala sin resarcir a casi 50 mil personas dañadas por sus acciones con tal de expoliar el oro contenido en 27 mil hectáreas de este país. Como si no bastase, Entremares también dejó embargadas con una institución financiera del Caribe las propiedades estatales adquiridas en los municipios Francisco Morazán y El Porvenir, a las cuales marcó con elevados índices de toxicidad. Pese a que esa firma arrebató al suelo hondureño más de 30 millones de dólares en apenas una década y a las reiteradas denuncias en su contra, autoridades judiciales aseguraron que la fianza impuesta a esta no rebasó los 500 mil dólares. Para los ecologistas, la expulsión de las empresas mineras foráneas es cuestión de primer orden en el camino hacia la "segunda independencia, después de la lograda frente a la Corona Española en 1821".

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